Puebla, México.- El reto de la Procuraduría General de la República (PGR) es lograr una procuración de justicia transparente y eficaz, afirmó la nueva abogada de la nación, Arely Gómez González, durante la inauguración en Puebla de la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona Centro.
Ahí ante los procuradores de Justicia del DF, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, recalcó que el compromiso con la justicia es lograr una procuración transparente, eficaz, plenamente preparada para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y que en todo momento sea respetuosa y garante de los derechos humanos.
Tras afirmar que "los integrantes de la Zona Centro tenemos un arduo trabajo por delante", la procuradora Gómez González dijo que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser el eje rector de la política institucional que guie los trabajos, porque no solo son exigencias ciudadanas, sino las bases para generar legitimidad y confianza en las instituciones.
Ante el desafío de la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, indicó, que debemos trabajar con el renovado compromiso de cumplir el objetivo de investigar y perseguir el delito con toda firmeza.
Pero al mismo tiempo ser los primeros garantes de los derechos humanos, porque la labor de la institución es representar y proteger a las personas con la finalidad de hacer justicia.
La también Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) dijo que otro de los compromisos de la PGR es el de garantizar una eficaz procuración de justicia electoral, bajo el nuevo marco legal, introducido en la Reforma Político-Electoral.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) propondrá un modelo de operación que garantice la coordinación en estos temas con las entidades federativas.
"También nos ocuparemos en dar seguimiento a los compromisos en materia de búsqueda de personas tales como la implementación de la base de datos AM/PM y la participación de las instituciones del Ministerio Público en la construcción del plan nacional de búsqueda de personas, así como de otros temas de interés nacional.
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