Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, sostuvo se castigan a partir de ahora severamente los delitos de sabotaje y terrorismo en las instalaciones petroleras
Ciudad de México.- Quien robe gasolinas o hidrocarburos en general irá directamente a la cárcel con penas hasta de 35 años de prisión; y si el o los delincuentes cometen actos de terrorismo contra instalaciones petroleras en el país, se verán tras las rejas hasta por 60 años, establece la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que el Senado aprobó por 80 votos a favor y 7 en contra esta media tarde.
Al respecto, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, sostuvo en tribuna que “se castigan –a partir de ahora—severamente los delitos de sabotaje y terrorismo en las instalaciones petroleras, que siendo estratégicas, deben contar de una amplia protección legal, por lo que estas comisiones dictaminadoras estuvieron de acuerdo en fijar penas severas que pueden alcanzar los 40 y los 60 años de prisión, respectivamente”.
Luego de un ríspido debate por más de dos horas, los legisladores votaron la minuta correspondiente en donde se advierte que irán a prisión de 35 años quien financie el robo de hidrocarburos; se le impondrán 40 años a quien realice sabotaje a las instalaciones petroleras; y 50 años a quien amenace a los trabajadores de las empresas de este tipo si no colaboran para sustraer estos energéticos, de acuerdo con la nueva normatividad.
Con esta ley, ratificó Fayad Meneses, “se busca tener un instrumento eficaz, que en primera instancia inhiba a los delincuentes a seguir delinquiendo, imponiendo penas muy superiores a las que establece el Código Penal Federal y que, en caso de que se sigan insistiendo en su conducta, reciban el castigo proporcional al daño que ocasionan”.
En tribuna, también concurrieron senadores del PAN, PRD y Verde que aprobaron después con su voto la nueva legislación para erradicar de raíz el robo de hidrocarburos que se estima en más de 33 mil millones de pesos sólo para el año 2012; el propio Omar Fayad detalló que sólo la sustracción ilícita de gasolina y diesel le cuesta al país 19 mil millones de pesos.
Al final, los presentes subrayaron que esta ley no nada más va contra la delincuencia como tal sijo que tiene una suerte de visión de futuro, cerrando agujeros que tenían las normas legales vigentes y por supuesto, impidiendo que este delito se propale hacia el futuro.
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