60 años de cárcel a quien sabotee instalaciones petroleras

Y 40 años a quien realice sabotaje en la infraestructura para hidrocarburos; aprueban ley para sancionar delitos cometidos en materia petrolera

Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, sostuvo se castigan a partir de ahora severamente los delitos de sabotaje y terrorismo en las instalaciones petroleras

Ciudad de México.- Quien robe gasolinas o hidrocarburos en general irá directamente a la cárcel con penas hasta de 35 años de prisión; y si el o los delincuentes cometen actos de terrorismo contra instalaciones petroleras en el país, se verán tras las rejas hasta por 60 años, establece la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que el Senado aprobó por 80 votos a favor y 7 en contra esta media tarde.

Al respecto, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, sostuvo en tribuna que “se castigan –a partir de ahora—severamente los delitos de sabotaje y terrorismo en las instalaciones petroleras, que siendo estratégicas, deben contar de una amplia protección legal, por lo que estas comisiones dictaminadoras estuvieron de acuerdo en fijar penas severas que pueden alcanzar los 40 y los 60 años de prisión, respectivamente”.

Luego de un ríspido debate por más de dos horas, los legisladores votaron la minuta correspondiente en donde se advierte que irán a prisión de 35 años quien financie el robo de hidrocarburos; se le impondrán 40 años a quien realice sabotaje a las instalaciones petroleras; y 50 años a quien amenace a los trabajadores de las empresas de este tipo si no colaboran para sustraer estos energéticos, de acuerdo con la nueva normatividad.

Con esta ley, ratificó Fayad Meneses, “se busca tener un instrumento eficaz, que en primera instancia inhiba a los delincuentes a seguir delinquiendo, imponiendo penas muy superiores a las que establece el Código Penal Federal y que, en caso de que se sigan insistiendo en su conducta, reciban el castigo proporcional al daño que ocasionan”.

En tribuna, también concurrieron senadores del PAN, PRD y Verde que aprobaron después con su voto la nueva legislación para erradicar de raíz el robo de hidrocarburos que se estima en más de 33 mil millones de pesos sólo para el año 2012; el propio Omar Fayad detalló que sólo la sustracción ilícita de gasolina y diesel le cuesta al país 19 mil millones de pesos.

Al final, los presentes subrayaron que esta ley no nada más va contra la delincuencia como tal sijo que tiene una suerte de visión de futuro, cerrando agujeros que tenían las normas legales vigentes y por supuesto, impidiendo que este delito se propale hacia el futuro.

Elevan penas en siete delitos

Diputados avalan propuestas del Ejecutivo 

Toluca, Estado de México.- Los diputados mexiquenses aprobaron por mayoría de votos elevar las penas en siete delitos: abuso de autoridad contra subalterno, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, tala de árboles ilegal y la transportación o comercialización de madera; extorsión, robo con violencia, robo al interior de casa habitación con violencia y robo de vehículos. La mayoría ahora serán castigados hasta con 12 años de prisión.

Sin embargo, las sanciones a quienes no porten placas de circulación generó un conflicto entre los legisladores, pues el PRI primero aseguró que habían eliminado ese castigo para evitar que se prestara a abusos, y así se aprobó en comisiones, pero ya en el pleno, propusieron sancionarlo con una pena de tres meses a un año de prisión y no de hasta dos años de cárcel, como había planteado el gobernador, Eruviel Ávila.

Mientras los diputados del PAN salieron de la sesión, acusando al PRI de no respetar los acuerdos, el PRD votó en contra, con el argumento de que agravar los delitos no se ha traducido en una disminución de los índices delictivos y reprocharon que detener a quienes no cuenten con placas, criminaliza a la ciudadanía.

PAN y PRD acusaron que también se penaliza a quienes no porten tarjeta de circulación, pero el presidente de la comisión de Gobernación, Apolinar Escobedo aseguró que la sanción sólo aplicará a quienes no cuenten con ambas placas y dijo que el PRI cambió su postura porque un auto sin las dos placas puede ser un medio propicio para cometer delitos y con esa medida protegen a los ciudadanos y van contra los delincuentes.

Con las reformas, los legisladores aceptaron no conceder beneficios de prelibertad, ni de libertad condicionada a quienes roben autos o casas habitación con violencia y obligarán a los integrantes de las instituciones de seguridad pública a sólo portar y utilizar los equipos de comunicación proporcionados por su institución en los operativos para evitar que filtren información a delincuentes y tendrán prohibido usar teléfonos o radios particulares.

Apolinar Escobedo dijo que hay una necesidad social de aumentar las penas para que se equilibren con el impacto que causan a la sociedad, por lo cual, dijo, se justifica aumentarlas en delitos que lesionan a la ciudadanía.

"El propósito de esta iniciativa es que puedan incrementar tanto la sanción económica, como la penalidad, para efectos de coadyuvar en la disminución en la comisión de estos delitos que afectan tanto", explicó.

Ahora, las penas serán: para abuso de autoridad contra subalterno, de ocho a 12 años de prisión, multas, destitución, e inhabilitación de siete a 17 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda de 90 veces el salario mínimo.

En los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte la sanción al que en la comisión de un delito, maneje o utilice un vehículo sin las placas visibles o la tarjeta que autorice su debida circulación, o con documentación que no corresponda a la autorizada para circular será de dos a cuatro años de prisión, pero si el delito es grave, se duplicaría la pena.

Por talar árboles ilegalmente, transportar, almacenar, distribuir, procesar, comercializar o destruir productos de los montes o bosques el castigo será de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil días multa; así como para los autores intelectuales, y para quienes obtengan un lucro de la venta.

El delito de extorsión se sancionará de ocho a 12 años de prisión y de hasta 15 años cuando se utilicen medios de comunicación, de transmisión o físicos; el robo con violencia, de ocho a 12 años de prisión, al igual que el robo de vehículo o de la mercancía que transportaba, y el robo al interior de casa habitación, pero cuando éste último se cometa con violencia las penas serán de hasta 15 años.

Además, el desmantelamiento de vehículos robados, su venta o la de sus partes, su tráfico, la documentación de autos robados altere, su traslado a otra entidad federativa o al extranjero; su uso en la comisión de otros delitos y su uso en la prestación de un servicio público o actividad oficial se sancionará de ocho a 20 años de prisión.

Hasta 1.5 millones de pesos ofrece PGR por víctimas de secuestro

La dependencia publicó una lista de personas que han sido víctimas de secuestro, por las que ofrece diversas recompensas.

México.- Por segundo día consecutivo la Procuraduría General de la República (PGR) publicó una lista de personas que han sido víctimas de secuestro, por las que ofrece recompensas de hasta millón y medio de pesos para su localización.

Se pone a disposición la misma cantidad para quien proporcione información veraz y oportuna que lleve a detener a los probables responsables que hayan cometido el delito de secuestro y los que resulten.
La cantidad ofrecida por la dependencia federal se realizaría por cada una de las personas que fueron privadas de su libertad.

También Joana Montserrat Castro Campillo, Araceli Utrera Acosta, Ambar Nayeli Suarez Rivera, Daniel Ramos Alfaro, Ilse Janeth Cervantes Preciado, Renata Janeth Leal Cervantes, José Adalberto Leal Uribe y Jesús Ernesto Angulo Lugo.

El acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales.

Si dos o más personas proporcionan la información, la recompensa se entregará a quien la hubiere aportado primero; y si es entregada por dos o más personas simultáneamente, será entregada en forma proporcional.

Los datos se recibirán en la calle López No. 12, piso 3, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc; en la dirección de correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx o a los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad de México, Distrito Federal, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.

El servidor público que reciba la información establecerá comunicación con la persona a quien debe entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número confidencial de identificación.

La entrega de la recompensa se realizaría en un solo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación.

Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación, la persona a quien debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita, sin causa justificada, perderá el derecho a recibirla.

Que el 20% de escuelas son irregulares en el estado de México

Denuncia el diputado Octavio Martínez y advierte que el PRD no avalará la reforma que criminaliza la educación en la entidad

Toluca, México.- Después de que las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LVIII Legislatura mexiquense avalaron penas de prisión por prestar servicios educativos ilícitos, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso local, Octavio Martínez Vargas indicó que el Partido de la Revolución Democrática no avalará esta iniciativa porque de aprobarse esta reforma dará como resultado que haya un mayor número de jóvenes y niños que estén dejando las aulas.

El legislador perredista Octavio Martínez Vargas informó que esta iniciativa establece sanciones a todas aquellas personas que impartan educación básica, media superior o superior, en cualquiera de sus modalidades y vertientes, sin autorización o reconocimiento de validez oficial.

Aclaró que la Reforma avalada en Comisiones, adiciona el articulo 148 Ter y un Capitulo XX, denominado "Impartición Ilícita de Educación" al Libro Segundo del Código Penal, en la que refiere que se impondrán de cinco a 10 años de prisión y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo vigente, a quienes impartan clases en escuelas irregulares.

Argumentó que es un tema muy complejo, que hay un estudio que están desarrollando en el que se estima que el 20 % de las escuelas en el estado de México de educación básica y de educación media superior son irregulares.

Explicó que entendiendo por irregular aquellas escuelas que tienen sus autorizaciones en trámite, que el gobierno del estado ha aceptado la solicitud, que les ha dado parcialmente un reconocimiento pero que aún no están con la validez oficial, la incorporación al algún sistema de educación, nacional o estatal.

Reconoció que en buena parte de las escuelas del estado de México participan organizaciones sociales que imparten educación en esta modalidad, “con el consentimiento de la autoridad, al menos así venía siendo” afirmó.

Puso como ejemplo escuelas de Ecatepec de la Laguna de Chiconautla donde hay una preparatoria, una primaria y una secundaria, al igual que en la comunidad Luis Donaldo Colosio, centros educativos pertenecientes a organizaciones sociales como la UPRES, Antorcha Campesina y la UGOCEM, que imparten clases a un gran número de alumnos, cubriendo una necesidad escolar, algunos con ciertos requisitos, otros parciales y otros más en regla.

Reiteró que esta iniciativa es verdaderamente preocupante porque lo que busca es criminalizar la educación “creo que no es la solución”, dijo.

Aseguró “lo que debiésemos de criminalizar son a quienes autorizan estas escuelas fuera de la ley, no solamente las escuelas de organizaciones sociales, sino las escuelas privadas que han estado proliferando sin cumplir los requerimientos urbanos”.

Expresó que en el caso de San Cristóbal Centro, están surgiendo un gran número de escuelas, en todas las avenidas, sin los espacios que autoriza la norma, sin los cajones de estacionamiento para los usuarios, estudiantes, profesores, etc.

Aseveró que las autoridades competentes otorgan el cambio de uso de suelo a diestra y siniestra, a quienes tenemos que penalizar es a las autoridades que están permitiendo eso y no a los profesores que van a impartir clases, es una iniciativa muy compleja, obviamente el PRD no va a avalar, esperemos que el PRI dé marcha atrás a criminalizar la educación en nuestro estado.

Finalmente comentó que esta reforma educativa abarca escuelas públicas y privadas y se refiere a todas aquellas escuelas que tienen en trámite la regularización.

Endurecerán penas al robo con violencia

Toluca, México.- El procurador de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, informó que desde esta semana se trabaja en la elaboración de una iniciativa de ley para endurecerle la sanción penal a los detenidos por el delito de robo con violencia, a fin de que cumplan la condena que les sea impuesta "de punta a cola", sin goce del beneficio preliberacional, dijo.

"Se trata de tener reglas que jueguen a favor de la ciudadanía en materia penal y específicamente en materia de robo con violencia, para que quien cometa este delito sea procesado en términos de Ley y sentenciado, sin que pueda salir con beneficios preliberacionales, para que deba cumplir su condena desde el principio hasta el final", manifestó ante empresarios y comerciantes.

Durante la reunión que tuvo con integrantes del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca en el Cosmovitral, el procurador reconoció que existen deficiencias en la impartición de justicia, pues muchos de los que entran a los penales, salen antes de cumplir su condena, lo cual genera desconfianza en la gente que presenta la denuncia.

Lo anterior lo anunció luego de que los empresarios se quejaron de un incremento en el índice delictivo en el centro de la capital mexiquense, que ha afectado tanto a negocios como a la misma población.

En el encuentro, el procurador fue cuestionado sobre la forma de procuración e impartición de justicia, el tipo de profesionalización que llevan los servidores públicos, así como el mecanismo que la autoridad estatal ejerce para disminuir los delitos.

Al respecto, Contreras Nieto refirió que para ello se realizan labores de inteligencia y un trabajo coordinado policial entre los ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el cual -admitió- no dará resultados "el día de mañana", sino a largo plazo.

En la reunión pidió la colaboración del sector empresarial para erradicar este problema, y a su vez los empresarios se comprometieron a fomentar la cultura de la denuncia.