Toluca, Estado de México.- Los diputados mexiquenses aprobaron por mayoría de votos elevar las penas en siete delitos: abuso de autoridad contra subalterno, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, tala de árboles ilegal y la transportación o comercialización de madera; extorsión, robo con violencia, robo al interior de casa habitación con violencia y robo de vehículos. La mayoría ahora serán castigados hasta con 12 años de prisión.
Sin embargo, las sanciones a quienes no porten placas de circulación generó un conflicto entre los legisladores, pues el PRI primero aseguró que habían eliminado ese castigo para evitar que se prestara a abusos, y así se aprobó en comisiones, pero ya en el pleno, propusieron sancionarlo con una pena de tres meses a un año de prisión y no de hasta dos años de cárcel, como había planteado el gobernador, Eruviel Ávila.
Mientras los diputados del PAN salieron de la sesión, acusando al PRI de no respetar los acuerdos, el PRD votó en contra, con el argumento de que agravar los delitos no se ha traducido en una disminución de los índices delictivos y reprocharon que detener a quienes no cuenten con placas, criminaliza a la ciudadanía.
PAN y PRD acusaron que también se penaliza a quienes no porten tarjeta de circulación, pero el presidente de la comisión de Gobernación, Apolinar Escobedo aseguró que la sanción sólo aplicará a quienes no cuenten con ambas placas y dijo que el PRI cambió su postura porque un auto sin las dos placas puede ser un medio propicio para cometer delitos y con esa medida protegen a los ciudadanos y van contra los delincuentes.
Con las reformas, los legisladores aceptaron no conceder beneficios de prelibertad, ni de libertad condicionada a quienes roben autos o casas habitación con violencia y obligarán a los integrantes de las instituciones de seguridad pública a sólo portar y utilizar los equipos de comunicación proporcionados por su institución en los operativos para evitar que filtren información a delincuentes y tendrán prohibido usar teléfonos o radios particulares.
Apolinar Escobedo dijo que hay una necesidad social de aumentar las penas para que se equilibren con el impacto que causan a la sociedad, por lo cual, dijo, se justifica aumentarlas en delitos que lesionan a la ciudadanía.
"El propósito de esta iniciativa es que puedan incrementar tanto la sanción económica, como la penalidad, para efectos de coadyuvar en la disminución en la comisión de estos delitos que afectan tanto", explicó.
Ahora, las penas serán: para abuso de autoridad contra subalterno, de ocho a 12 años de prisión, multas, destitución, e inhabilitación de siete a 17 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda de 90 veces el salario mínimo.
En los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte la sanción al que en la comisión de un delito, maneje o utilice un vehículo sin las placas visibles o la tarjeta que autorice su debida circulación, o con documentación que no corresponda a la autorizada para circular será de dos a cuatro años de prisión, pero si el delito es grave, se duplicaría la pena.
Por talar árboles ilegalmente, transportar, almacenar, distribuir, procesar, comercializar o destruir productos de los montes o bosques el castigo será de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil días multa; así como para los autores intelectuales, y para quienes obtengan un lucro de la venta.
El delito de extorsión se sancionará de ocho a 12 años de prisión y de hasta 15 años cuando se utilicen medios de comunicación, de transmisión o físicos; el robo con violencia, de ocho a 12 años de prisión, al igual que el robo de vehículo o de la mercancía que transportaba, y el robo al interior de casa habitación, pero cuando éste último se cometa con violencia las penas serán de hasta 15 años.
Además, el desmantelamiento de vehículos robados, su venta o la de sus partes, su tráfico, la documentación de autos robados altere, su traslado a otra entidad federativa o al extranjero; su uso en la comisión de otros delitos y su uso en la prestación de un servicio público o actividad oficial se sancionará de ocho a 20 años de prisión.
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