La ley deja la responsabilidad (de la calidad moral de sus candidatos) a los partidos políticos y hemos visto que están preocupados por eso, aseguró el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez, quien dijo que los ciudadanos también deben estar alerta sobre las personas que se les propongan para ocupar un puesto de elección popular.
En reunión con el consejo directivo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, del Estado de México, Zamudio Godínez, reconoció, en alusión a lo acontecido en Iguala, Guerrero, que creció la inquietud de la ciudadanía sobre quiénes serán los candidatos en el proceso electoral 2015; sin embargo, insistió, los órganos electorales no tienen injerencia en la calidad moral de los aspirantes.
Dijo que también "los dineros" en la política en México se han convertido en un tema fundamental.
Hemos tenido reformas electorales en ese sentido y es obligación de la autoridad estar seguros del flujo de los recursos de que ingresos y egresos de los partidos sean legítimos y legales, pero no de los candidatos, apuntó.
Señaló que para un mayor control de los recursos que se entregan a los partidos políticos, a partir de la reforma en la materia, el Instituto Nacional Electoral, INE, tiene la facultad de integrar el Registro Nacional de Proveedores, una lista de las personas que pueden ofrecer bienes y servicios a los partidos políticos y a los candidatos pero para hacerlo deben estar inscritos en este padrón.
Aclaró que las compras superiores a 105 mil pesos se deben hacer sólo a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.
Añadió que también a partir de las reformas rebasar el tope de gastos de campaña es una causal de nulidad de la elección si ese exceso hizo ganar al candidato.
Una de las metas de la reforma electoral, expresó el consejero-presidente del IEEM, era eventualmente reducir los gastos.
Nosotros, abundó, habíamos solicitado un presupuesto que contemplaba una cantidad importante para contratar a los capacitadores, por ejemplo, pero con las nuevas disposiciones, ahora ese gasto se compartirá con el INE.
Esto implica una reducción en los costos respecto a lo que costó el proceso en 2012 porque compartiremos el gasto; pero no en todo vamos a poder ahorrar, porque ahora se da más dinero a los partidos políticos, ya que se modificó la fórmula con la que se calculan las prerrogativas, además hay más partidos políticos, aclaró.
Sin embargo, aseguró que se cumplirán todas las actividades a que está obligado el IEEM.
El Instituto seguirá con sus procesos de adquisiciones, pues a nivel nacional se adquirirán bases porta urnas y la tinta, pero papelería y documentación y material electoral se harán con los procedimientos del IEEM, informó a los comerciantes organizados de esta zona.
Refirió algunos de los cambios importantes que implica la reforma electoral, como la existencia de la figura de candidatos independientes tanto para comicios locales como federales.
Otra novedad es que los cargos que se elegirán el 7 de junio por primera vez, serán reelegible, resaltó la autoridad electoral.
Por su parte, el consejero Gabriel Corona Armenta dijo que "estamos apostando a la construcción de un nuevo Instituto que genere confianza en los ciudadanos, de que sus votos se contarán bien y los resultados que arroje la jornada electoral será producto de la voluntad popular y no de manipuleos o injerencias indebidas en el proceso electoral".
Para eso se requiere la voluntad de los actores políticos, del IEEM, pero también de la ciudadanía en general, señaló.
Invitó a los integrantes de la Canaco a participar votando e invitando a votar, pero también como observadores electorales ya sea de manera individual o como agrupación.
El IEEM tiene el reto de generar confianza en organizaciones como la suya y toda la ciudadanía y ayudarnos a reconstruir la confianza en las instituciones políticas en general, pidió.
La consejera María Guadalupe González Jordán, resaltó en su intervención que estas elecciones tendrán como peculiaridad el principio de máxima publicidad, que a partir de este proceso se aplicará a nivel nacional y estatal, y es el derecho de la ciudadanía al acceso a la información de los actos y actividades que realizarán.
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