Por I. León Montesinos
La protección oficial a “infiltrados”
Encinas se lanza contra “Los Chuchos”
Ecatepec, México.- Ante los dislates cometidos por el procurador Jesús Murillo Karam –“ya me cansé”, uno de ellos--, debió salir al quite el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, para tratar de contener --aunque no con muy buenos resultados--, la avalancha de críticas e inconformidades surgidas por cientos de miles ciudadanos en las redes sociales no únicamente por la probabilidad de que los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, fueron quemados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, sino por la existencia de la así bautizada como Casa Blanca de Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, atribuida como propiedad al Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, la ex actriz Angélica Rivera y que versiones periodísticas ubican en un valor aproximado de 86 millones de pesos.
En programas televisivos y otros medios electrónicos, el vocero trató de amortiguar el golpe que representó en el ánimo de la opinión pública el viaje emprendido a China por el Jefe del Ejecutivo en medio de una crisis nacional cuyas proporciones hacia muchos sexenios que no se presentaban.
Y mientras Eduardo Andrade trataba denodadamente de enderezar la plana, en la peor de las frivolidades y excesos, apareció en las redes sociales la foto del maquillista de la primera dama, Alfonso Waithsman, enviando saludos a sus seguidores y amigos, anunciando su viaje a China como parte de la comitiva presidencial. Como si toda una nación en duelo estuviera para enterarse de tal banalidad engendrada en la tolerancia del poder.
De esta forma, en menos de una semana quedaron delineadas, sin maquillajes ni retoques, las dos caras de un México que se debate entre su interminable estancamiento económico, su abrumadora inseguridad y su luto nacional, teniendo como antípoda la de una reducida minoría para la que no existen en el vocabulario de su irrealidad las palabras crisis, desapariciones, muerte o pobreza.
Abonado a todo este escenario de traspiés oficiales ahora está en el centro de la duda colectiva la tolerada presencia de “infiltrados” que desde hace varias semanas han estado presentes en las marchas en demanda de la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, y en otras movilizaciones con el fin de criminalizar la demanda social. Fotos tomadas la noche del pasado sábado en que un reducido grupo de provocadores quemó parte de la puerta de acceso a Palacio Nacional, muestran a un individuo escudado en una careta de color amarillo, justo detrás de la valla montada por granaderos luego de los violentos incidentes. Este personaje que, obvio, contaba y cuenta con la protección de los grupos de seguridad gubernamental, es el mismo que momentos antes azuzaba a sus compañeros a la destrucción del histórico portón.
Como si el ambiente no estuviera para mayores enconos sociales, fueron detenidos una veintena de personas, sobre todo jóvenes, que nada tuvieron que ver con los hechos. Evidente también que las autoridades sabían bien quiénes eran los supuestos anarquistas y provocadores, pero la intención no era de ninguna manera detenerlos sino buscar confundir a la opinión pública.
En su mayoría, y mediando el consabido “usted disculpe”, los detenidos –que además fueron golpeados y vejados--, narraron profusamente a los medios el grado de incapacidad e intolerancia mostrada por los policías que intervinieron en el operativo de resguardo a Palacio Nacional, al grado de que muchos de ellos eran turistas acompañados de sus familias. Argumentos que nada valieron para los cuerpos de seguridad a los que se le ha enseñado a reprimir, no a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y menos castigar a los verdaderos culpables.
Aquí valdría la pena poner a consideración el papel que están jugando los asesores tanto del Presidente Peña Nieto como de diversos funcionarios de primer nivel, porque luego de los escenarios, sin duda armados con fines contrarios a bajar la presión social, no midieron la dimensión de las cosas y orillaron al primer mandatario a condenar los hechos violentos creando un rebote negativo en una sociedad que ante sus ojos tiene al “infiltrado” del Zócalo resguardado y protegido justo tras los escudos antimotines de los granaderos. El país entero siente, percibe que se le está engañando y esa no es la vía para evitar que el descontento social vaya en aumento.
Por si esto no bastara para que la indignación nacional suba de tono, el mismo titular de la PGR abrió otros dos delicados flancos que en las actuales circunstancias nacionales avivan la hoguera de los pendientes en materia de seguridad y respeto al estado de derecho. Ante la pregunta de a quién correspondían los cuerpos hallados en las fosas clandestinas halladas en las afueras de Iguala, Murillo Karam señaló que de acuerdo a pruebas de ADN, que establecieron, por ejemplo, el parentesco de un padre y su hijo, sacaron a la luz su desaparición desde agosto del pasado año. La madre y esposa de los desaparecidos, dijo que la última comunicación telefónica que tuvo con sus seres queridos fue cuando le informaron que estaba siendo detenidos por un “retén de policías de Iguala”.
Es decir, que desde hacía meses –y sin temor a equivocarnos diríamos que años--, los policías al servicio del Cártel de los Guerreros Unidos actuaba con toda impunidad contra la población civil, dándose el lujo de desaparecer a quien les venía en gana sin que ningún operativo militar o de la Policía Federal se percatara de ello. Vergonzoso para las autoridades federales, pero fue a raíz de la desaparición de los 43 normalistas que empezaron a salir los atropellos y homicidios perpetrados contra gente inocente, como lo admitió el propio procurador en las pruebas de ADN practicadas a los cadáveres hallados en el gigantesco cementerio clandestino. Si esto no es responsabilidad del Estado, como lo negó Murillo Karam, entonces de quién.
Se insiste en querer deslindar a las fuerzas federales de acciones de clara omisión – y hasta complicidad o tolerancia--, sobre todo a los miembros del ejército que la noche de la brutal represión y asesinato de estudiantes de Ayotzinapa, se negaron a auxiliarlos y peor todavía, les tomaron fotos, es decir, los ficharon para luego arrojarlos prácticamente a los leones.
El general Cienfuegos, Secretario de la Defensa, salió a decir que no debía “prejuiciarse” la labor del ejército, pero ante el cúmulo de declaraciones de los sobrevivientes sobre los horrores sufridos en esa fática noche y el encubrimiento de los responsables de tan abierta represión, resulta un insulto la defensa de lo indefendible expuesta por el procurador general de la República, cuando ante una pregunta al respecto, dijo: “Imagínese si hubiera salido el ejército, ¿de qué lado cree que se hubiera puesto? Pues de las autoridades constituidas”. Es decir, de la administración del delincuente José Luis Abarca.
De hecho, y contradiciendo a Murillo Karam, el ejército sí salió de sus cuarteles y sí se puso del lado de los represores y de los sicarios de los narcos. Pero nada se ha dicho ni se ha llamado a comparecer ni al Jefe de la Zona Militar ni a los elementos que hicieron caso omiso de las peticiones de auxilio y protección de los estudiantes.
Insistimos: en este ambiente de tensión social, los funcionarios del gobierno federal porfían en mentir y encubrir a los responsables, avivando las llamas del infierno, porque nadie ni en la zona de la Montaña ni en la Tierra Caliente de Guerrero, cree tantas patrañas; miles de habitantes son los mejores testigos de que ni el ejército ni la policía federal, han hecho nada por combatir realmente al crimen organizado ni a sus narcopolíticos que como Abarca llevaba excelente relaciones con los altos jefes militares de la zona, algunos estuvieron presente el día de los hechos, en el informe de labores que rindió como titular del DIF Municipal de Iguala, la ahora detenida María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde.
Más todavía, estaban invitados, en asientos de primera fila, al informe que rendiría al día siguiente el propio Abarca, de quien Alejandro Encinas ha dicho que ya negociaba con la Nueva Izquierda del PRD –dixit “Los Chuchos”--, su llegada a San Lázaro, el próximo año, como flamante diputado federal, preparando el camino de la sucesión en la alcaldía de Iguala, a su cónyuge.
Habría que preguntar a los mandos militares, qué estuvieron haciendo todo este tiempo que no se percataron de la desaparición de cientos de personas a manos del crimen organizado y de los policías municipales corruptos, y de paso cuestionar al “agotado” procurador general, por qué tuvieron que pasar tantas atrocidades para que los familiares de los desaparecidos se sintieran seguros de hacer las denuncias correspondientes pues con anterioridad, cuando se acercaron a las autoridades sencillamente los ignoraron y hasta fueron reprimidos y amenazados de muerte tanto por los sicarios de los capos como por los policías municipales y hasta miembros del ejército. Ahora son cientos, quizá miles, los que reclaman el paradero de sus familiares en esta interminable lista de horrores sólo vistos en tiempos de la barbarie nazista en la Segunda Guerra Mundial.
¿No es esto, señor Murillo, una responsabilidad del Estado? Si no entonces ¿de quién?
No hay duda que una larga lista de pendientes espera al Presidente Peña Nieto a su regreso al país. Por vía de mientras, y hábiles en la técnica de la manipulación de masas, TV Azteca y Televisa, priorizaron como notas centrales de sus noticieros el triunfo de México ante Holanda por 3 goles contra 2, colocando a Carlos Vela como el héroe nacional del momento. El problema es que en la irresolución de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podemos afirmar categóricamente que “sí fue penal”, claro y categórico, en contra del Estado mexicano.
No hay comentarios :
Publicar un comentario