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El Mexiquense hoy

miércoles, 8 de octubre de 2014

Inseguridad impone agenda, mientras criminales se dan el lujo de amenazar

Iguala, Guerrero.- Los datos parecen confirmar, hora por hora, que los 43 normalistas desaparecidos de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, podrían estar entre los 28 cuerpos quemados y desmembrados de las seis fosas clandestinas de Iguala.

Una manta en Iguala amenaza al Estado: La organización criminal “Guerreros Unidos” dice que tiene información sobre políticos vinculados con criminales y pone un plazo: 24 horas.

“Gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten si no aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra atte.: GU”

Las fuerzas federales toman Iguala para restaurar la confianza y la legalidad, mientras el Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez está prófugo y toda la fuerza policial local está dividida en dos: unos detenidos, otros despedidos y bajo investigación.

Y, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno federal rompe su propia promesa de no hablar de la violencia en público. Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto reaccionó a eventos de corto plazo.

Su anuncio, difundido en cadena nacional, dijo poco. Pero buscaba dar certezas: que los criminales serán detenidos y llevados ante la justicia.

El México en guerra no fue, este fin de semana y ayer lunes, tan diferente al del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y parece que así se ha reconocido.

Ayer, la prensa extranjera, legisladores y el mismo gobierno federal dieron señales de que la agenda de la seguridad no puede ser ignorada por decreto.

De hecho, el defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde llamó a admitir que no se puede seguir minimizando la situación en Guerrero: “El daño está hecho y los gobiernos han fracasado”, dijo.

De alguna manera así lo reconoció también el Procurador Jesús Murillo Karam, al afirmar que el “Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación de esta naturaleza” y que buscarán la verdad, la sanción y el castigo, previo a la llegada de elementos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal (PF) a Iguala para asumir las tareas de seguridad.

Para los familiares de los estudiantes desaparecidos no es suficiente siquiera la renuncia del Gobernador Ángel Aguirre Rivero. Piden volver a ver con vida a sus hijos, que fueron secuestrados por la policía de Iguala.

No creen en las versiones de las autoridades de que sus hijos están en las fosas. “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” , exigen los padres de las víctimas al Estado mexicano.

La prensa extranjera habló de un México que no se quería mencionar más en el discurso oficial: el violento, el corrupto.

En ese contexto, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, no se anduvo por las ramas.

La violencia en algunos estados del país raya “en lo que observadores han caracterizado como Estado rebasado, ausente o suplantado”, dijo.

“Se ha estimado según algunos estudios, que el crimen organizado tiene presencia operativa importante en 30 por ciento de los municipios del país, y aspiran a convertirse en actores políticos clave de los mismos, y en muchos casos lo han logrado”, dijo el representante de la cúpula empresarial.

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