Premio Nacional de Periodismo y ex director de Excélsior
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Por donde el curioso desee acercarse a la realidad del país encuentra sin mucho esfuerzo los problemas a flor de piel y todos juntos, como bola de nieve, vienen a ser, para el sentir de los estudiosos, el corolario de un sistema decadente que da traspiés a cada momento, incapaz de reponerse a los estragos de la corrupción universal o institucional que, con la ineptitud de sus próceres, han minado sus entrañas hasta desgarrarlas y orillarlas al riesgo de sobrevivir a la fatalidad.
Un breve repaso mental por los incidentes del pasado inmediato, trágicos y demenciales, con toques de cinismo e inmoralidad, desnuda la auténtica condición de la crema y nata de la clase política de todos los colores, única responsable del drama nacional por su incapacidad, omisión y complicidad ante el alud de calamidades que asfixia de tiempo atrás a la sociedad. A vuelo de pájaro la panorámica de atrocidades arroja pasajes que parecieran imitar el Infierno de la Comedia de Dante o un compendio de las tragedias de Shakespeare:
Alarmante inseguridad por todos los rumbos, matanzas y ejecuciones, secuestros y desapariciones, incontables fosas clandestinas con cadáveres apilados, asaltos y robos, alianza entre funcionarios y gobernantes con carteles del crimen organizado para garantizar cada cual sus negocios; corrupción e impunidad entre los empoderados en los tres niveles de gobierno y los tres poderes; farsas legislativas en las cámaras y reparto de dineros públicos entre sus bancadas sin transparencia ni rendición de cuentas; parodia de democracia y triunfo de los fraudes electorales y, como la indiscutible corona de todos los males, la desvergonzada actitud de políticos y partidos ayunos de ética y ricos hasta la saciedad con dineros ajenos que lucen ante la creciente pobreza de las mayorías, etcétera, etcétera, etcétera…
La suma de todo el explosivo fresco de barbaridades que suceden un día sí y otro también, aquí y allá, abona el criterio de observadores políticos nacionales y extranjeros que desmenuzan, con los hechos cotidianos de fondo, el avance incontenible de la crisis de gobernabilidad de una región a otra, cómo se expande de Tamaulipas a Michoacán, de Nuevo León a Jalisco, de Morelos a México, de Sinaloa a Guerrero, de Baja California a Chihuahua, de Sonora a Veracruz, por citar algunas entidades, donde el crimen organizado manda en amplias zonas o cogobierna con politiquillos pusilánimes ascendidos a gobernantes por la gracia del amiguismo, el compadrazgo y la connivencia, que el sistema intenta dorar con la simulación de elecciones.
Apenas comenzaba la gente a recuperarse en sus creencias y dudas, asombros y espantos, sobre qué está pasando en México, por aquello del fusilamiento de 22 jóvenes presuntos secuestradores en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio pasado, por armas militares, descubierto hace poco tiempo, cuando volvió a sacudir la conciencia nacional el atroz secuestro y ejecución, quema y sepultura en fosas clandestinas de al menos 28 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, cuna de la Independencia, a manos de la autoridad local y del crimen organizado que domina la plaza. Faltaría sumarle la parte de responsabilidad que corresponda a la negligencia cómplice de los gobiernos del estado y federal que poco o nada hacen por contener la violencia en territorio guerrerense. Ya las voces críticas y analíticas consideran a este horroroso asesinato masivo de jóvenes normalistas que iban a manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, como un crimen de estado.
Hasta donde la opinión pública sabe o ha tenido acceso, los vínculos de políticos con el crimen organizado datan de tiempo inmemorial, pero hasta ahora comienzan a refrescarse en los medios por circunstancias involuntarias o indirectas, como el secuestro y asesinato de los normalistas por órdenes del jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez (primo y compadre del prófugo alcalde José Luis Abarca Velázquez), así como de uno de los mandos del cartel Guerreros Unidos, que al parecer capitanea uno de los cuñados del munícipe. La captura de Héctor Beltrán Leyva, cabeza del cartel identificado con sus apellidos, en compañía del político del Partido Verde, Germán Goyeneche Ortega, quien le lavaba en negocios inmobiliarios y otros una parte de sus ingresos por el narcotráfico, puso al descubierto además una relación, por lo menos de amistad, entre el lavador y los panistas guanajuatenses Ricardo y Luis Alberto Villarreal García, ex coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.
Con la astucia y audacia con que ha burlado al día de hoy a las autoridades y al mismo virrey de Valladolid, Alfredo Castillo, el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez La Tuta desveló, con sus videos, secretos que todos sabían menos el gobierno: la relación de negocios políticos entre su cartel y alcaldes, diputados de Michoacán y hasta el ex gobernador Jesús Reina García, preso después de haberlo exhibido.
La serenidad de un análisis sobre la situación del país desemboca, por desgracia, en conclusiones graves como la suma de ingredientes de más peso para que avance y amenace la crisis de gobernabilidad en amplias regiones de estados de la república.
Conviven en todas partes la violencia del crimen organizado, la pobreza de la gente, la demagogia y la corrupción de los gobernantes, la escasa o nula credibilidad de la sociedad para con las autoridades y los partidos, la triste sumisión de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), a los caprichos e intereses de la clase política, mientras el pueblo excluido de participar mira los toros desde la barrera e inclusive sufre actos de represión, muchas veces cuando se manifiesta para inconformarse con actos de gobierno. Vista así en su conjunto la realidad semejaría un polvorín.
En ninguno de los casos más sonados de agresión a civiles por el crimen organizado y autoridades, se ha logrado justicia o por lo mínimo saber por qué se consuman matanzas, ejecuciones y golpizas a inocentes o manifestantes, a excepción de la captura, a veces, de algunos chivos expiatorios o funcionarios o elementos policiales tercerones mientras los autores intelectuales gozan de impunidad y preparan otros ataques, en beneficio del poder y sus detentadores.
La escalada de violencia gubernamental contra la población inconforme junto con la que consuma el crimen organizado, invita a pensar que la propuesta del señor Peña Nieto en la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas para incorporar a México en las misiones de paz de la ONU en el mundo con soldados cascos azules de distintos países, más bien debió enfocarse a solicitar que esas tropas vinieran a México a pacificar a los violentos, comenzando por autoridades que ordenan disparar a mansalva a delincuentes que han depuesto las armas y a jóvenes estudiantes indefensos que preparaban una manifestación por los cauces legales.
Los síntomas de la ingobernabilidad surgen a partir de hechos violentos de distinto origen, de la ausencia de confianza de los ciudadanos respecto a las instituciones de gobierno, la poca credibilidad en los gobernantes.
Otra de las amenazas contra la estabilidad política es la corrupción en el poder, porque anula la legitimidad a los gobernantes corruptos – más todavía si alcanzaron los cargos con fraudes electorales -- y derrumba los valores éticos de la sociedad.
La historia cuenta que países con gobiernos enfermos de corrupción, autoritarismo y otros vicios, contaminan tarde o temprano a sus sociedades y, para salvarse de un destino así de fatal como es la ingobernabilidad, ha de surgir una cabeza con perfil impecable y voluntad para que rescate valores y retome el rumbo correcto. ¿Habrá alguien por ahí?
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