A las Fuerzas Armadas “les llegó la realidad”. En Lomas de Sotelo “están que trinan” por las 20 órdenes de aprehensión giradas contra 20 mandos militares y tropas en Guerrero.
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Un alto funcionario civil del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador fue lacónico. “Les llegó la realidad”, dijo, refiriéndose
a 20 mandos militares y tropas en Guerrero, durante la desaparición y secuela
del crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes les giraron órdenes
de aprehensión. La notificación que hizo la Fiscalía General de la República a
la Secretaría de la Defensa Nacional requiriendo a esos elementos fue seguida
de la afirmación, temprano, del Presidente de que no encubriría a las Fuerzas Armadas,
porque ello no iba en su beneficio, sino las manchaba. En Lomas de Sotelo,
trascendió, no lo vieron tan filosóficamente. “Están que trinan”, describió el
funcionario.
Debían de haberlo visto venir. Primero, con los
señalamientos directos a mandos militares y tropa en el informe preliminar que
dio a conocer la semana pasada la comisión presidencial. Segundo, con la
actitud del Presidente en la mañanera del lunes, donde él mismo buscó a la muy
buena reportera de Proceso, Dalila Escobar, para que fuera ella quien le
hiciera las preguntas duras que le permitirían fijar su posición sobre las
Fuerzas Armadas. López Obrador les ha dado zanahorias, pero ahora llegó el
turno del garrote. Regresaron súbitamente a la postura histórica de López
Obrador contra el Ejército. Se puede decir, bienvenidos a la realidad.
El informe dado a conocer el jueves por el subsecretario de
Gobernación, Alejandro Encinas, en Palacio Nacional, no tiene aspectos
novedosos a lo que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, cuando declaró
“la verdad histórica” –que es un término jurídico–, y menos aun en la
exhaustiva investigación de la vieja Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, tiene una fuerte contaminación del lenguaje político que llevó a
declarar a Encinas –sin que figure en el documento– que fue un “crimen de
Estado”, y un énfasis en cargarle la mano al Ejército, y señalar a mandos
militares de omisión.
Encinas fue congruente con lo que siempre ha pensado, que el
Ejército jugó un papel central en la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa. En la presentación del informe, no obstante, ignoró la
recomendación que le hizo López Obrador cuando le dio luz verde a la difusión
del documento, para que se abstuviera de poner en duda la honestidad del
Ejército. Encinas sólo hizo un matiz cuando mencionó “aquella Secretaría de la
Defensa”, como si la actual estuviera construida sobre bases nuevas.
Fuentes federales señalaron que el secretario de la Defensa,
el general Luis Cresencio Sandoval, se molestó con las declaraciones de
Encinas, que también provocaron el enojo del Presidente, quien, sin embargo, no
habló con él por la premura de su viaje al norte del país. Se esperaba que lo
llamaría a cuentas esta semana, pero, muy propio de López Obrador, optó por
acelerar la marcha y afirmar el lunes que su gobierno no iba a cuidar el
prestigio de las Fuerzas Armadas, porque éste se lograba actuando con rectitud
y sin ocultar nada. López Obrador trató de separar a la institución de las
personas, pero la narrativa de que fue el Estado el responsable del crimen dejó
en el centro de la imputación política a los militares.
En la narrativa del informe se menciona directamente al
entonces comandante de la 35ª Zona Militar en Chilpancingo, el general
Alejandro Saavedra Hernández, quien aparece como “enlace operativo” para
desarrollar la investigación que, líneas antes, en la crítica a la “verdad
histórica”, la detalla como “una acción concertada desde el aparato organizado
del poder”. No está claro si una de las órdenes de aprehensión es contra él,
pero sí a mandos del 27º Batallón de Infantería en Iguala cuando se cometió el
crimen, y del 41º Batallón de Infantería en Teloloapan, creado en octubre de
2018 para reforzar la seguridad en los municipios de la región norte y Tierra Caliente
de Guerrero. Lo que sí está claro es que procederán contra generales en activo.
Hernández Saavedra es general divisionario y director del Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el entonces jefe del 27º Batallón,
José Rodríguez Pérez, es general brigadier y jefe de Operaciones de la
Secretaría de la Defensa.
El informe tiene señalamientos que parten más de conjeturas
de los presuntos criminales –muchos de ellos hoy libres– que de una
investigación, como el que un número indeterminado de cuerpos de los
normalistas fuera enterrado en un lugar no identificado, y que días después un
“ingeniero de Chilpancingo” fuera “secuestrado” para desenterrarlos y llevarlos
a varios destinos, entre ellos, al cuartel en Iguala. El contenido arroja dudas
no resueltas.
Otro botón de muestra tiene que ver con el teniente de
Infantería en el 27º Batallón, Francisco Macías Barbosa, cuestionado en el
informe por negligencia y violaciones al Protocolo para Militares
Desaparecidos. Lo identifican como el jefe inmediato superior de Julio César
López Palotzin, un agente infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, que le envió
su último reporte más de 12 horas antes de la desaparición. La comisión
presidencial afirma que lo abandonaron a su suerte al no implementar “medidas
contundentes” para coadyuvar a su búsqueda.
No aclara el informe por qué el militar infiltrado en la
normal, que se encuentra a 20 minutos de Chilpancingo, reportaba al Batallón en
Iguala y no a la 35ª Zona Militar o a la Sección II de Inteligencia en la
Secretaría de la Defensa. Tampoco precisa por qué, cuando supieron de la violencia
contra los normalistas, tendrían que haber activado de inmediato los protocolos
de búsqueda, sin dar el tiempo establecido para proceder. Más allá de las
inconsistencias y preguntas no respondidas en el documento, la forma como lo
presentó Encinas pintó a los militares como omisos, negligentes y cómplices de
haber participado en un crimen.
Encinas crucificó al Ejército ante la opinión pública,
actuando en sincronía con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien
obtuvo órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares. Las Fuerzas Armadas
verán ahora el verdadero talante de López Obrador contra el Ejército.
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