A partir de este 5 de marzo se aplicará la Ley de Amnistía en el Estado de México, por lo que ingresarán al Poder Judicial las solicitudes en la materia, las cuales en una primera etapa podrían ser alrededor de 3 mil.
Durante una conferencia de prensa para presentar los
lineamientos que normarán los procedimientos para dicho propósito, el
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Sodi Cuellar indicó
que, con ello, la entidad se convertirá en un referente nacional.
En la sede del poder judicial, y ante la presencia de los
titulares de diferentes áreas relacionadas con Derechos Humanos (Codhem), Jorge
Olvera; la FGJEM, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, así como Justicia y Derechos
Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, Sodi Cuellar dijo que con anterioridad en la
Gaceta de Gobierno se publicaron los lineamientos que normarán los
procedimientos de los órganos jurisdiccionales en materia penal, con el
propósito de sustanciar las solicitudes de amnistía conforme a lo que establece
la ley en este rubro.
Cabe mencionar que dicha ley tiene por objeto establecer las
bases para decretar la amnistía en favor de todas aquellas personas a quienes
se les ha dictado una sentencia firme.
También señaló que algunos supuestos que se contemplan son
aborto, delitos contra la salud cometidos por situación de pobreza o de extrema
vulnerabilidad y a quienes hayan sido obligados a delinquir por parte de la
delincuencia organizada.
Detalló que esta ley beneficiará a los grupos considerados
vulnerables, como las comunidades indígenas o afromexicanas.
Asimismo, serán materia de análisis los ilícitos de robo en
caso de que haya sido simple y sin violencia, cuando el monto no exceda 400
UMAS; y en el caso de que sea con violencia, cuando se trate de un primo
delincuente, no haya causado lesiones o la muerte de las víctimas, no haya
empleado armas de fuego y el monto de lo robado no sea mayor a 90 UMAS.
De igual forma, subrayó que, entre los requisitos para
solicitar la amnistía, se encuentran: presentar la solicitud correspondiente
dirigida a un juez o Tribunal de Alzada competente, ya sea por escrito, en
forma física o vía electrónica.
Por su parte, el presidente de la Codhem aseveró
que, a través de la aplicación de esta ley, la entidad dará un paso histórico
para subsanar las violaciones a los derechos humanos, puesto que se beneficiará
a las personas que forman parte de los grupos vulnerables, quienes se
encuentran purgando alguna sentencia.
“Estamos ante una gran oportunidad para alcanzar la justicia
social, y para ello se contará con una Comisión Especial para dar el
seguimiento correspondiente”, resaltó.
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