El 66 por ciento de los detenidos sufrieron torturas; la mayoría es gente pobre y de bajo nivel educativo
En el Estado de México se criminaliza la
pobreza, las policías realizan detenciones ilegales, sin órdenes de
aprehensión, practican la tortura, aleccionan testigos, no se respeta el
derecho a una defensa adecuada y los jueces sentencian a inocentes sin pruebas.
De acuerdo con el Primer Informe sobre
Personas Injustamente Presas en la entidad el 85% de quienes han sido
detenidos, pese a ser inocentes fueron detenidos sin una orden de aprehensión y
el 66% sufrieron torturas desde su detención, hasta la puesta a disposición del
Poder Judicial.
Además, el 58% de las detenciones fueron
hechas por policías ministeriales y estatales, el 28% por municipales, un 5%
por personas vestidas de civil y un 3% por la Guardia Nacional, encapuchados o
policías federales.
El informe muestra fallas en el sistema de
justicia, discriminación estructural, la vulnerabilidad de cualquier persona a
ser detenida y acusada, cobros en los penales por todo: por visita, por pasar
lista, por el baño, por protección, por tener un lugar para dormir.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero y la plataforma Haz Valer Mi Libertad aplicaron 243 cuestionarios en
diferentes centros penitenciarios mexiquenses y concluyeron que muchas personas
están presas porque fueron discriminadas por su color de piel, por su aspecto,
por su forma de vestir o porque no tuvieran dinero para pagar una extorsión, ni
un abogado particular.
Otros datos son que el 68% de las personas
injustamente presas tienen educación básica, y de ellas, el 24% solo cuenta con
primaria y el 44% con secundaria; mientras otro 22% tiene preparatoria y sólo
un 4% licenciatura.
Además, el 74% no contaba con un ingreso
fijo al momento de su detención, pero un 85% tenían dependientes económicos.
Las investigaciones de la policía
ministerial son tan superficiales, precisa el documento, que a veces sólo se
basan en fotografías de Facebook.
Detenciones ilegales y tortura
De acuerdo con los resultados del informe
la tortura sigue siendo una práctica usada por policías para obligar a
declararse culpable, o a dar el nombre de otras personas.
Las prácticas van desde golpes, asfixia con
bolsa, piquetes en las manos con plumas o alfileres, toques en órganos
sexuales, cortes en el cuerpo y quemaduras.
Otras prácticas recurrentes que
caracterizan las detenciones son el ingreso a domicilio sin órdenes de cateo en
operativos ilícitos con uso excesivo de la fuerza que ha afectado incluso a
menores de edad al ser encañonados, la complicidad entre agentes ministeriales
y ciudadanos para tender trampas a otras personas.
También detectaron detenciones de personas
a quienes les encargaron un trabajo y les dejaron un vehículo, pero después
agentes ministeriales acusaron que era robado.
En otros casos, personas dieron datos
personales a supuestos servidores públicos que llegaron a las puertas de su
hogar y plantearon la posibilidad de acceder a un programa social o beneficio,
pero su información fue usada para señalarlos como culpables de algún delito.
Otra práctica fue subir a la gente a
vehículos sin placas, y sin dar explicaciones, golpearlas y posteriormente
presentarlas al Ministerio Público, también detener a quienes se estacionaron
en una gasolinera y a familiares de otra persona que ha sido puesto a
disposición de la autoridad ministerial cuando se acercaron a preguntar por
ellos a los centros de Justicia.
El proceso
Aún cuando las personas inocentes deberían
ser liberadas de inmediato, el segundo paso para la fabricación de culpables,
de acuerdo con el informe, es la participación de autoridades judiciales,
quienes no decretan las detenciones como ilegales, no se respeta el derecho a
una defensa adecuada, pues no permiten a las personas avisar a sus familiares y
solicitar asistencia de un defensor particular.
El documento acusa discriminación
estructural, pues en casos de indígenas a veces no se verifica si entienden lo
que se les indica; también señalan una indebida valoración de las pruebas y el
uso de testigos singulares, es decir, de quien es acusado y hasta sentenciado
sólo por la declaración de una persona.
"Una práctica muy recurrente en el
Edomex es abordar la situación del testigo singular, y esto se hace mediante
tomar una declaración de una sola persona que señala alguien como supuesto un
agresor y es tomada como fuente de convicción de una decisión judicial
condenatoria, cuando no existe ninguna otra prueba".
Además, detectaron aleccionamiento de
testigos, a quienes les enseñaron previamente fotos, los obligaron a declarar
en contra del iniciado y hasta los amenazaron en caso de negarse; también la
presentación de pruebas periciales que no concluyeron la responsabilidad de la
persona injustamente presa.
La fiscalía, asegura el informe, realiza
investigaciones superficiales en redes sociales, a través de fotos de Facebook
para emitir dictámenes también se señalan armas que no son pruebas de la
culpabilidad, aunque a veces no las ofrecen como medios de prueba, o las
presentan sin huellas dactilares.
Criminalización de la pobreza
Uno de los temas señalados en el informe es
la criminalización de la pobreza y la resistencia a discutir una Ley de
Amnistía por miedo injustificado y prejuicios ideológicos, pues algunas
personas creen que la población penitenciaria es un lastre del cual hay que
deshacerse.
Sin embargo, un porcentaje significativo
son provenientes de sectores desfavorecidos a quienes se les ha asignado la
labor de pagar delitos que no cometieron y son víctimas de discriminación y
prejuicios, al relacionar la pobreza con una supuesta tendencia a la
criminalidad, y así culpan a personas racializadas y excluidas, aunque no haya
elementos para acusarlas.
El informe advierte que hay un impacto
económico psicológico en las familias que se encuentran muy frágiles, con altos
niveles de estrés y concluye pidiendo a las y los diputados no perder la
oportunidad de recomponer el pasado, de otorgar justicia a quienes les han
fabricado delitos.
De hecho, concluye, es urgente abordar la
situación de las personas injustamente presas en la entidad, pues hay fallas en
los procesos judiciales y en el sistema de justicia desde la detención, hasta
el proceso, y es necesario hacer justicia a quienes han sido discriminados.
También urge a detener la tortura,
denunciarla, castigarla y propone el Poder Judicial algunas recomendaciones,
como: garantizar el debido proceso, respetar el derecho a la presunción de
inocencia, eliminar el uso de testigos singulares para emitir sentencias, que
un señalamiento directo no sea definitorio, ponderar las pruebas sin
tendencias.
No aleccionar, ni intimidar testigos,
garantiza una defensa adecuada, evitar el uso excesivo de la prisión
preventiva, respetar y garantizar el derecho a la autoadscripcion en personas
indígenas, deja de justificar detenciones arbitrarias, capacitar intérpretes de
lenguas indígenas y emitir resoluciones independientes e imparciales, entre
otras.
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