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viernes, 6 de noviembre de 2020

85 por ciento de detenciones de personas inocentes son ilegales en Edoméx

 

El 66 por ciento de los detenidos sufrieron torturas; la mayoría es gente pobre y de bajo nivel educativo




En el Estado de México se criminaliza la pobreza, las policías realizan detenciones ilegales, sin órdenes de aprehensión, practican la tortura, aleccionan testigos, no se respeta el derecho a una defensa adecuada y los jueces sentencian a inocentes sin pruebas.

De acuerdo con el Primer Informe sobre Personas Injustamente Presas en la entidad el 85% de quienes han sido detenidos, pese a ser inocentes fueron detenidos sin una orden de aprehensión y el 66% sufrieron torturas desde su detención, hasta la puesta a disposición del Poder Judicial.

Además, el 58% de las detenciones fueron hechas por policías ministeriales y estatales, el 28% por municipales, un 5% por personas vestidas de civil y un 3% por la Guardia Nacional, encapuchados o policías federales.

El informe muestra fallas en el sistema de justicia, discriminación estructural, la vulnerabilidad de cualquier persona a ser detenida y acusada, cobros en los penales por todo: por visita, por pasar lista, por el baño, por protección, por tener un lugar para dormir.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la plataforma Haz Valer Mi Libertad aplicaron 243 cuestionarios en diferentes centros penitenciarios mexiquenses y concluyeron que muchas personas están presas porque fueron discriminadas por su color de piel, por su aspecto, por su forma de vestir o porque no tuvieran dinero para pagar una extorsión, ni un abogado particular.

Otros datos son que el 68% de las personas injustamente presas tienen educación básica, y de ellas, el 24% solo cuenta con primaria y el 44% con secundaria; mientras otro 22% tiene preparatoria y sólo un 4% licenciatura.

Además, el 74% no contaba con un ingreso fijo al momento de su detención, pero un 85% tenían dependientes económicos.

Las investigaciones de la policía ministerial son tan superficiales, precisa el documento, que a veces sólo se basan en fotografías de Facebook.

Detenciones ilegales y tortura

De acuerdo con los resultados del informe la tortura sigue siendo una práctica usada por policías para obligar a declararse culpable, o a dar el nombre de otras personas.

Las prácticas van desde golpes, asfixia con bolsa, piquetes en las manos con plumas o alfileres, toques en órganos sexuales, cortes en el cuerpo y quemaduras.

Otras prácticas recurrentes que caracterizan las detenciones son el ingreso a domicilio sin órdenes de cateo en operativos ilícitos con uso excesivo de la fuerza que ha afectado incluso a menores de edad al ser encañonados, la complicidad entre agentes ministeriales y ciudadanos para tender trampas a otras personas.

También detectaron detenciones de personas a quienes les encargaron un trabajo y les dejaron un vehículo, pero después agentes ministeriales acusaron que era robado.

En otros casos, personas dieron datos personales a supuestos servidores públicos que llegaron a las puertas de su hogar y plantearon la posibilidad de acceder a un programa social o beneficio, pero su información fue usada para señalarlos como culpables de algún delito.

Otra práctica fue subir a la gente a vehículos sin placas, y sin dar explicaciones, golpearlas y posteriormente presentarlas al Ministerio Público, también detener a quienes se estacionaron en una gasolinera y a familiares de otra persona que ha sido puesto a disposición de la autoridad ministerial cuando se acercaron a preguntar por ellos a los centros de Justicia.

El proceso

Aún cuando las personas inocentes deberían ser liberadas de inmediato, el segundo paso para la fabricación de culpables, de acuerdo con el informe, es la participación de autoridades judiciales, quienes no decretan las detenciones como ilegales, no se respeta el derecho a una defensa adecuada, pues no permiten a las personas avisar a sus familiares y solicitar asistencia de un defensor particular.

El documento acusa discriminación estructural, pues en casos de indígenas a veces no se verifica si entienden lo que se les indica; también señalan una indebida valoración de las pruebas y el uso de testigos singulares, es decir, de quien es acusado y hasta sentenciado sólo por la declaración de una persona.

"Una práctica muy recurrente en el Edomex es abordar la situación del testigo singular, y esto se hace mediante tomar una declaración de una sola persona que señala alguien como supuesto un agresor y es tomada como fuente de convicción de una decisión judicial condenatoria, cuando no existe ninguna otra prueba".

Además, detectaron aleccionamiento de testigos, a quienes les enseñaron previamente fotos, los obligaron a declarar en contra del iniciado y hasta los amenazaron en caso de negarse; también la presentación de pruebas periciales que no concluyeron la responsabilidad de la persona injustamente presa.

La fiscalía, asegura el informe, realiza investigaciones superficiales en redes sociales, a través de fotos de Facebook para emitir dictámenes también se señalan armas que no son pruebas de la culpabilidad, aunque a veces no las ofrecen como medios de prueba, o las presentan sin huellas dactilares.

Criminalización de la pobreza

Uno de los temas señalados en el informe es la criminalización de la pobreza y la resistencia a discutir una Ley de Amnistía por miedo injustificado y prejuicios ideológicos, pues algunas personas creen que la población penitenciaria es un lastre del cual hay que deshacerse.

Sin embargo, un porcentaje significativo son provenientes de sectores desfavorecidos a quienes se les ha asignado la labor de pagar delitos que no cometieron y son víctimas de discriminación y prejuicios, al relacionar la pobreza con una supuesta tendencia a la criminalidad, y así culpan a personas racializadas y excluidas, aunque no haya elementos para acusarlas.

El informe advierte que hay un impacto económico psicológico en las familias que se encuentran muy frágiles, con altos niveles de estrés y concluye pidiendo a las y los diputados no perder la oportunidad de recomponer el pasado, de otorgar justicia a quienes les han fabricado delitos.

De hecho, concluye, es urgente abordar la situación de las personas injustamente presas en la entidad, pues hay fallas en los procesos judiciales y en el sistema de justicia desde la detención, hasta el proceso, y es necesario hacer justicia a quienes han sido discriminados.

También urge a detener la tortura, denunciarla, castigarla y propone el Poder Judicial algunas recomendaciones, como: garantizar el debido proceso, respetar el derecho a la presunción de inocencia, eliminar el uso de testigos singulares para emitir sentencias, que un señalamiento directo no sea definitorio, ponderar las pruebas sin tendencias.

No aleccionar, ni intimidar testigos, garantiza una defensa adecuada, evitar el uso excesivo de la prisión preventiva, respetar y garantizar el derecho a la autoadscripcion en personas indígenas, deja de justificar detenciones arbitrarias, capacitar intérpretes de lenguas indígenas y emitir resoluciones independientes e imparciales, entre otras.

 

 

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