José Artemio Zúñiga, juez de Control federal, aceptó las condiciones de la FGR, que incluye que a Lozoya le coloquen un brazalete electrónico y que este entregue sus documentos de viaje, para evitar una fuga.
Emilio Lozoya fue vinculado ayer a proceso penal por el delito de lavado de dinero, por la compra de un inmueble con dinero producto de un supuesto soborno por 3.5 millones de dólares que habría recibido cuando fue titular de Pemex.
Sin embargo, el exfuncionario no pisará la cárcel gracias a que la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió para él la prisión preventiva justificada y, en cambio, solicitó que permanezca en un hospital privado, con vigilancia federal y, cuando sea dado de alta, se le traslade a un inmueble.
José Artemio Zúñiga, juez de Control federal, aceptó las condiciones de la FGR, que incluye, además, que a Lozoya le coloquen un brazalete electrónico y que éste entregue sus documentos de viaje, para evitar una fuga.
Además, deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el Centro de Justicia federal. El juzgador aceptó también el plazo de seis meses solicitado por la FGR para la investigación complementaria.
Todas y cada una de las condiciones fueron aprobadas por la defensa de Lozoya, quien fue uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, y quien busca actualmente ser testigo colaborador de la FGR.
Lozoya siguió la sesión por videoconferencia, desde una exclusiva habitación del Hospital Ángeles del Pedregal y en las 11 horas que duró la sesión (de las 09:35 a las 20:55 horas), sólo intervino brevemente en cuatro ocasiones.
Sin hacer alarde de sus pruebas de defensa, ni cubrir la expectativa de revelar los ansiados nombres de “los corruptos de la pasada administración”, Lozoya se dijo inocente y aseguró que fue utilizado como “instrumento no doloso” por un aparato organizado de poder.
“Demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan”, dijo y reiteró que colaborará con las autoridades.
De las imputaciones en su contra sólo aclaró que la residencia que se le acusa haber comprado con dinero sucio, ubicada en la Ciudad de México, fue declarada ante la Secretaría de la Función Pública al comenzar su gestión en Pemex.
Mientras que su abogado, Miguel Ontiveros, reconoció que Lozoya solicitó a la FGR un criterio de oportunidad, el cual se está gestando y edificando, con el objetivo de “hablar con la verdad, encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia”.
Agregó que, para salvaguardar la edificación del criterio de oportunidad, Lozoya denunciará y señalará, por nombre y cargo, a quienes “sistemáticamente lo intimidaron, presionaron e instrumentalizaron”.
El juez Zúñiga hizo ver la actuación laxa tanto de la FGR como de la defensa de Lozoya. Esto al indicar que la primera pudo imputar otros delitos a Lozoya, y este último al no refutar la petición de la Fiscalía de vincularlo a proceso.
Al inicio de la sesión, los representantes de la FGR relataron que la investigación contra Lozoya inició el 25 de mayo de 2019, cuando Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo denunció penalmente por lavado de dinero.
Dijeron que en la denuncia se incluyó también como imputados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, detenido en España y en proceso de extradición.
Ancira es quien habría entregado el soborno a Lozoya para que Pemex adquiriera la planta Agronitrogenados a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.
Benevolente, la Fiscalía se guarda acusaciones
La Fiscalía General de la República (FGR) se quedó corta, deliberadamente, en las acusaciones contra Emilio Lozoya.
No sólo omitió imputar uso indebido de atribuciones, según dijo el juez José Artemio Zúñiga, sino que, pese a evidenciar un daño patrimonial a Pemex por más de 8 mil millones de pesos, por las decisiones de Lozoya, sólo le imputó a éste el lavado de dinero por 3.5 millones de dólares.
Según la imputación, entre julio y noviembre de 2012, antes de ser director de Pemex, recibió de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, el soborno a cambio de gestionar que Pemex comprara la fábrica de fertilizantes Agronitrogenados, lo cual ocurrió ya durante la gestión de Lozoya, a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.
Durante la audiencia, la FGR argumentó que, ya como titular de Pemex, Lozoya intervino ante el Consejo de Administración de para impulsar la compra de Agronitrogenados.
Agregó que parte del dinero del soborno lo utilizó Lozoya para comprar una residencia en la Ciudad de México, con un costo de 34.2 millones de pesos.
Indicó que el soborno fue pagado en una cuenta en un banco de Suiza de la empresa Tochos Holding Limited, registrada a nombre de la entonces estudiante Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio, en la que éste era beneficiario.
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