Darío Celis
Justo cuando la Secretaría de Energía y la CFE se regodeaban de tener contra la pared a inversionistas privados del sector energético, un coscorrón de 200 millones de dólares les llegó de fuera.
Estamos hablando del laudo que acaba de emitir la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que pone fin a una controversia de más de dos años por la fallida construcción de la planta Chicoasén II, en Chiapas.
Ni Rocío Nahle, ni Manuel Bartlett, ni mucho menos Andrés Manuel López Obrador se allanarán a la condena y pago, pero sí sentarán un primer procedente de desacato en una corte internacional.
Por los rumbos de Palacio Nacional cayó muy mal la noticia del laudo, sobre todo porque se trata de un proyecto del gobierno de Enrique Peña Nieto que asignó Enrique Ochoa como director de la CFE.
Es un problema heredado, pero los pupilos de Bartlett no debieron desatenderlo porque al no reconocer el pago mandan una pésima señal a los mercados financieros, que pueden cerrar la llave del financiamiento.
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