La iniciativa busca elevar la tasa de remplazo hasta un 54 por ciento, con lo cual, los trabajadores recibirían mayores recursos cuando se retiren.
El Gobierno de México presentó el miércoles una propuesta de reforma histórica para fortalecer al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en el país, la cual busca que los trabajadores cuenten con una pensión más elevada, y constituye una iniciativa tripartita que es respaldada por el sector privado.
En la conferencia de prensa matutina de ese día, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explicó que el actual sistema tiene deficiencias, entre las cuales destaca el bajo nivel de aportaciones que genera tasas de reemplazo insuficientes.
Explicó que actualmente las pensiones son aportadas por tres entes: los trabajadores, los empresarios y el Gobierno federal. Este último lo hace por medio de diversas bolsas: a través del ISSSTE aporta más de 700 mil millones de pesos al año, mientras que mediante el IMSS da más de 300 mil millones de pesos anuales. Este sistema no cambiará, continuó Herrera, pero sí se plantea una reestructuración.
Sobre los objetivos, Herrera detalló que se elevará la tasa de reemplazo.
"Se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40 por ciento y los trabajadores que menos recibían, que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31 por ciento a un 54 por ciento su tasa de reemplazo", dijo.
Dicha tasa representa la pensión que recibirá el trabajador respecto a su salario antes de retirarse y pasaría de 31 a 54 por ciento para trabajadores de cinco salarios mínimos, y de 46 a 76 por ciento para los de tres salarios.
En este sentido, la aportación del ahorro de los trabajadores para su retiro no cambiará, mientras que la parte correspondiente a los patrones se eleva.
"La forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15 por ciento, la cual se va a elevar por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15 por ciento hasta 13.87 por ciento. En un periodo de ocho años, los trabajadores van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro", abundó el secretario.
En cuanto al aporte del Estado mexicano, la cuota social se va a recomponer. El monto será idéntico, pero irá dirigido fundamentalmente a trabajadores con hasta cuatro salarios mínimos.
"Hay dos ideas detrás de esto: la primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta en cinco salarios mínimos está el 80 por ciento de trabajadores en México", destacó el funcionario.
También se ajustará el límite inicial para recibir una pensión, pasando de 25 a 15 años. Herrera señaló que esta cifra irá subiendo de manera paulatina, pero que este cambio es para reconocer que actualmente hay un número importante de trabajadores que aunque hayan laborado gran parte de su vida, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada.
Organismos empresariales afirmaron que la propuesta de reforma no causará daños colaterales en el encarecimiento del empleo formal o en la tendencia en la recuperación salarial.
“No hay riesgo alguno de que esta propuesta afecte a los precios de los productos, ni merme de alguna forma el compromiso que tiene el sector privado de avanzar hacia la línea de bienestar familiar en materia de salario mínimo. Es algo que le suma, es un compromiso adicional y por eso es de gran relevancia para el país”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El líder empresarial también dio 'visto bueno' al plan presentado.
"El sistema pensionario debe garantizar que toda persona que en su vida tenga una actividad económica lícita, goce de una pensión digna al momento de su retiro. Celebro que el @GobiernoMX se adhiera a la iniciativa construida por las organizaciones de trabajadores y empleadores", expuso en su cuenta de Twitter.
Posteriormente, se dio a conocer que esta propuesta se trata de una reforma consensuada con el Gobierno, desde el presidente hasta la Secretaría de Hacienda, así como los doce organismos miembros del CCE y los trabajadores, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg TV, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
“Hasta hoy es un sistema al que menos del 20 por ciento llegaban, la elegibilidad era muy baja y además, el poder de recuperación, el salario con el que se jubilan, era del 34 por ciento del salario, lo que no da una solución de un sistema de pensión. Estos dos problemas se atacan porque se aumenta el ahorro de la persona, porque el empresario va a poner el dinero para que aumente y la elegibilidad será más fácil al reducir a 750 semanas de cotización”, explicó.
Indicó que el aspecto social está al centro de la reforma propuesta, ya que busca mejorarlo estructuralmente y entre sus efectos colaterales, incrementará los recursos de las Afores en el sistema financiero desde el 15 por ciento del PIB, que significa actualmente, hasta el 40 por ciento al cabo de los primeros ocho años.
En los pendientes hacia adelante, el presidente del CCE señaló que está el ver cómo atacar la informalidad para lo que será necesaria una reforma más por el lado fiscal.
Carlos Hurtado, director del CEESP, señaló que la reforma no pretende corregir los problemas del mercado laboral, pero sí es un mitigante.
“La contribución que pone el Gobierno federal se va a dirigir para el empleo de los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos, no les cuesta a las empresas, este grupo es el que es más proclive a estar migrando entre la formalidad a la informalidad", detalló.
El IMEF señaló que la iniciativa va en la dirección correcta y consideró que deben continuar impulsándose acciones complementarias como la creación de un Sistema Nacional de Pensiones, que integre a todos los esquemas existentes, es decir, reformar los sistemas de la mayoría de los estados, universidades públicas, municipios y organismos públicos, que tienen un alto costo para las finanzas.
Durante la exposición sobre el proyecto de reforma también estuvieron presentes Mario Delgado y Ricardo Monreal, líderes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, y Carlos Aceves, senador y secretario general del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
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