Durante el último trimestre del 2019, el SAT envió a varios individuos, especialmente abogados y contadores, notificaciones en sus buzones tributarios invitándolos a inscribirse en el padrón de personas que llevan a cabo actividades vulnerables y regularizar sus obligaciones pendientes, de existir estas.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) contempla un amplio catálogo de actos u operaciones que son considerados como “actividades vulnerables” y que conllevan el cumplimiento de ciertos deberes como son principalmente la identificación de los clientes, la presentación de avisos e integración de expedientes, dependiendo el supuesto previsto en la normatividad.
Dicha legislación conocida también como ley antilavado regula actos y operaciones, no profesiones por lo que el simple hecho de ser abogado o contador no conlleva a que existan obligaciones en esta materia, pero si estos profesionistas al realizar ciertos actos u operaciones actualizan alguno de los supuestos contemplados en la LFPIORPI sí tendrán obligaciones que satisfacer, que de no hacerlo podría representar la imposición de una sanción.
También en 2019 la autoridad introdujo un programa de autorregularización con la intención de que los sujetos obligados “subsanarán” las irregularidades que habían tenido desde que la ley antilavado entró en vigor en 2013.
Dicho programa finalizó durante febrero de 2020, por lo que ahora el SAT ha iniciado visitas de verificación para constatar que los sujetos obligados estén al corriente de sus obligaciones. México debe cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo al formar parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ello es por lo que la autoridad revisará con mayor intensidad el cumplimiento de obligaciones.
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