‘Estafa Maestra’ en Sagarpa fue revelada

El desvío de recursos a través de universidades públicas fue bautizado con el nombre de ‘Estafa Maestra’ por la complejidad del tejido con el que el gobierno de Enrique Peña Nieto trianguló casi 8 mil millones de pesos desde dependencias como la Sedesol y la Sedatu, encabezadas en algún momento por Rosario Robles.
A más de un año de haber terminado el sexenio priísta cuyo sello fue la corrupción, algunas
revelaciones indican que no todos los funcionarios de aquella administración pusieron el mismo cuidado que su compañera de gabinete para desaparecer partidas presupuestales, y aun así la única exsecretaria de Estado que se mantiene en prisión es la ex perredista.
Ejemplo de ello es la documentación, en el ejercicio de 2018, de un desvío por más de 160
millones de pesos desde la Sagarpa, encabezada en ese año tanto por José Calzada
Rovirosa como por Baltazar Hinojosa, para beneciar a una familia de investigadores que
operan el llamado Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C.
Extraviado entre los diversos casos de universidades e instituciones educativas que
participaron en esquemas relacionados con la ‘Estafa Maestra’, el llamado Colmern hizo valer
su denominación de Colegio para escapar de los reectores y, erigido como un simple negocio
familiar, ejercer presupuestos anuales cercanos a los mil millones de pesos provenientes de
programas destinados al campo, especícamente para la producción de café.
Hay indicios de que desde los ejercicios de 2015, 2016 y 2017, periodos en que el queretano
Calzada Rovirosa despachaba en Sagarpa, el Programa de Apoyos a Pequeños Productores,
Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al café registraba irregularidades como duplicidad de apoyos y subsidios o falta de justificación en el ejercicio de los recursos.
No obstante, la ASF de Juan Manuel Portal no se decidió a indagar a profundidad el destino del capital relacionado con esta partida y fue hasta la revisión de la Cuenta Pública 2018, ya con David Colmenares como Auditor Superior, cuando se puso el ojo en la familia de investigadores mexiquenses de apellido “Mejía Sáenz”, fundadores, directores y cabilderos del Colmern.
Se trata del caso de una Asociación Civil creada y dirigida por el investigador Enrique Mejía
Sáenz, presidida en la actualidad por su hermano Carlos David Mejía Sáenz y en la que también labora con un nivel directivo su hermana Alma Rosa Mejía Sáenz.
Esta A.C. fue el brazo ejecutor en 2018 de un presupuesto que Calzada Rovirosa asignó a
PROCAFÉ por 589 millones de pesos y que, a través de diversos convenios modificatorios
realizados ya con el tamaulipeco Baltazar Hinojosa, ascendió a 910 millones para repartir como apoyos entre los pequeños productores.
En la Auditoría de Cumplimiento Forense 137-DS, y más allá de las inconsistencias en el padrón de beneficiarios, los auditores detectaron que la familia Mejía Sáenz hizo “un guardadito” de recursos públicos por 141 millones de pesos en la cuenta con terminación 9082 de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, en la que incluso se detectaron movimientos como compra y venta de activos que generaron rendimientos financieros por alrededor de 19 millones de pesos.
Los recursos no se quedaron ahí, sino que fueron transferidos a tres personas físicas y a nueve
razones sociales, casi todas vinculadas, según el documento de la ASF, con los directivos del
llamado colegio de investigadores, tales como FNAL, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. o Servicios
Corporativos de Ingeniería y Productividad, S.A. de C.V.; esta última, por cierto, enlistada en el
“Padrón de Empresas Conables” para la Conagua de la 4T, bajo la representación legal del
propio Carlos David Mejía Sáenz.
Las faltas en el manejo de los recursos públicos aquí son imposibles de esconder, por lo que
incluso los Mejía Sáenz han aceptado, con argumentos testimoniales, que destinaron ‘algunos’ de los recursos de Sagarpa para saldar sus financiamientos bancarios solicitados en años anteriores.
Más increíble aún, en los documentos que el Colmern entregó presuntamente a Sagarpa para
justificar el ejercicio de recursos públicos durante el último año de gobierno de Peña Nieto, se
incluyeron ni más ni menos que los logotipos de la actual Sader, el organismo que nació y al que se le dio forma ya en el periodo de Andrés Manuel López Obrador.