Hubo observaciones por más de 2 mil 864 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por más de 2 mil 864 millones 763 mil pesos a diferentes obras de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, a cargo del gobierno de Enrique Peña Nieto y cancelado por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Las obras de la terminal aérea fueron auditadas por los recursos que se le asignaron y ejercieron en 2018, y entre las irregularidades detectadas en las auditorías destacan: pagos fuera del periodo contractual, pagos indebidos, fallas en pruebas de calidad, material adicional que no se había solicitado, ni se acreditó que fuera colocado.
Además, no se acreditó el control, ni la participación, cantidad, tiempo y perfil de personal propuesto en cada uno de los precios unitarios, hubo cálculos incorrectos, pago de servicios de supervisión de calidad, aun cuando las pruebas de calidad no cumplían con lo requerido.
Tampoco se justificaron las razones de la necesidad de ejecutar conceptos fuera del catálogo original, se asignó obra fuera del contrato sin licitación y no se aplicaron retenciones por atrasos en las obras, entre otras cosas.
La tercera entrega de los informes individualizados de la Cuenta Pública 2018 da cuenta de auditorías en la construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
También una revisión a los Proyectos Ejecutivos del Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso, Estacionamientos, Torre de Control, Centros de Control de Operaciones, Pistas, Rodajes, Plataformas, Ayudas a la Navegación y otras Instalaciones.
Otra más fue al Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área de Túneles y al fideicomiso para el desarrollo de ese aeropuerto.
Las obras estuvieron a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), empresa de Participación Estatal Mayoritaria constituida el 28 de mayo de 1998, subsidiaria directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues la SCT concesionó la construcción, operación y explotación del nuevo aeropuerto a ese grupo, por 50 años, con posibilidad de prórroga.
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