Este fin de semana se reactivó entre los medios de comunicación el caso de Pedro Enríquez Soto, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nayarit, quien enfrenta un proceso penal tras haber sido señalado por su participación en un fraude que despojó de sus viviendas a más de 50 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit). La afectación patrimonial de este fraude está valuada en 2 mil 50 millones de pesos.
Entre 2013 y 2018, al menos 50 mil derechohabientes del Infonavit fueron despojados de sus casas en Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas por medio de juicios simulados por Enríquez Soto con la complicidad del magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, quien ya se encuentra en prisión.
Acusado de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude y falsificación de documentos, el ex juez había gozado del beneficio de un juicio en libertad hasta este fin de semana, cuando un juez de control cambió el proceso a prisión preventiva.
La fiscalía estatal reportó el aseguramiento de 3 millones 850 mil pesos en efectivo, un reloj de oro y tres inmuebles.
Las facilidades con las que contaron ambos magstrados, gozando hasta del 30% de su salario "para contar con herramientas para presentar su defensa", hacen un eslabón en la cadena de irregularidades que convierten este caso en uno paradigmático de lo que podría llamarse "justicia para ricos".
Cómo operaba el megafraude
Según explican medios como La Jornada, este fraude operaba estando al pendiente de quién incumplía su pago puntual y llegaba a "cartera vencida". Tras identificar los casos, iniciaban un "proceso" por medio del cual fingían notificar al derechohabiente de una advertencia para pagar o perder la vivienda. En realidad nunca notificaban, pero sí comenzaban un expediente y declaraban que al derechohabiente, "en rebeldía", no le interesaba recuperar su casa.
En este fraude han resultado involucrados al menos cuatro jueces estatales y dos magistrados. El sistema judicial en manos de ladrones. Abogados, funcionarios del Poder Judicial, al menos un notario público y funcionarios del mismo Infonavit también formaron parte del fraude.
En este caso, resalta la consideración con la que han sido tratados los jueces involucrados. Rindiendo declaraciones en privado, mantienen el anonimato a pesar de ser quienes firmaban (y acreditaban) los expedientes fabricados.
Esta "consideración", verdadera expresión de tráfico de influencias, también forma parte de la cadena de corrupción e irregularidades que hizo posible este megafraude. Desde luego, tampoco termina con el proceso en contra de algunos de los implicados que son presentados como "chivos expiatorios". Evidencia que se trata de una descomposición más profunda, que toca distintos niveles de gobierno.
Mientras este tipo de procesos son presentados como "resultados" de una retórica anticorrupción en la 4T, la pregunta "¿Y qué pasó con esas más de 50 mil familias trabajadoras -principales beneficiarias del Infonavit?" sigue en el aire.
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