CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.
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A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la exfuncionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.
El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.
La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.
Hasta ahora la FGR no ha engrosado ante la autoridad judicial la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y, sin embargo, el contenido de ésta incluye las 25 auditorías –a las que tuvo acceso este semanario– que en todos los casos corresponden a los periodos en los que Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu.
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