Ciudad de México. Desde que inició el programa Jóvenes construyendo el futuro, a principios de 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha enfrentado diversos obstáculos para su funcionamiento, sobre todo por el cobro de “moches” por parte de los centros de trabajo.
En el estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Morelos jóvenes han denunciado a empresas, principalmente porque les quitan parte de sus becas por dejarlos laborar. La dependencia federal ha señalado que los casos son menores, sin precisar una cifra.
En mayo pasado dio de baja a 15 organizaciones de la sociedad civil en las que se vinculaban a becarios “ante irregularidades” reportadas. Lo anterior después de una protesta que realizaron los aprendices frente a las oficinas de la STPS.
A principios de agosto Carlos Merino Campos, coordinador de los programas federales en Tabasco, anunció que se suspendía temporalmente las vinculaciones entre tutores empresariales y becarios por los “moches” que piden las empresas. Señaló que se tenían contabilizadas 200 denuncias.
Según datos del portal de Jóvenes construyendo el futuro, 664 mil 560 aprendices están vinculados a centros de trabajo del sector privado, lo que representa 73.8 por ciento del total; le siguen las instituciones públicas con 214 mil 449 (23.8 por ciento) y las organizaciones sociales con 20 mil 991 (2.3 por ciento).
El pasado 6 de agosto informó que las inscripciones para el programa -uno de los prioritarios del gobierno federal- se cerraban dado que ya se habían vinculado 900 mil jóvenes a una capacitación, a los que se sumarían 100 mil indígenas de zonas rurales. La meta para este 2019 es llegar al millón.
En esta semana, como informó La Jornada, 900 jóvenes presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las secretarías de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social por presuntamente la violación a sus derechos al dar de baja a dos empresas en las que estaban inscritos.
La STPS precisó que D&C Jiménez e Iwet Concept de México, SA de CV fueron suspendidas debido a que son investigadas por los reportes de los mismos aprendices de que eran obligados a entregar parte de su beca.
Al inicio del programa, la STPS también tuvo que alertar a los beneficiarios sobre la divulgación de diversos mensajes en redes sociales acerca de supuestos cobros o solicitud de depósitos como condición para que se pudieran inscribir.
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