Por falta de presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no aplicará este año la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, un ejercicio que realiza cada año para determinar la canasta de bienes y servicios que más consumen las familias y que se utiliza para calcular la inflación.
Las familias seleccionadas como parte de la muestra para este estudio, conocido como ENGASTO, participaban durante dos años. En cada uno registraban durante 14 días en libretas que les proporcionaba el encuestador de Inegi los artículos y servicios que compraban, así como sus precios y cantidades. Personal del instituto entrevistaba además a los administradores del hogar para conocer sobre otras adquisiciones fuera del periodo señalado.
De acuerdo con el Manual de Levantamiento de Información consultado por este diario, el seguimiento de los 308 conceptos de gasto que se incluyen en esta canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares mexicanos sirve para calcular la inflación.
Aunque menos robusta que la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los (ENIGH), que se realiza cada dos años, la ENGASTO ofrece, entre otros, detalles de cuánto pagó una familia por su servicio telefónico o de internet, si gastó en regalos para otros hogares, así como los establecimientos donde habitualmente compra.
El presidente del Inegi, Julio Santaella, dio a conocer ayer los ajustes en diversos proyectos, así como en prestaciones y remuneraciones debido a la reducción en el presupuesto para el instituto en este año por 500 millones de pesos.
Además de la ENGASTO se cancelan otras encuestas nacionales como la de los Hogares (ENH), que mide características de las viviendas y datos sociodemográficos; la Agropecuaria (ENA); la de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP); de Población Privada de la Libertad (ENPOL), la de Trabajo Infantil y el Censo Agropecuario, entre otras.
Santaella mencionó que también están en riesgo cinco estudios más que se hacen con financiamiento externo y cuya realización dependerá de que los organismos que los apoyan cuenten con recursos.
Se trata, dijo, de las encuestas nacionales de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH); la de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID); de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE); sobre Uso del Tiempo y la encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED).
Respecto al impacto de las medidas de austeridad para el personal, el directivo informó que a 68 altos funcionarios se les redujo su salario, a más de ocho mil se les retiró el seguro de separación individualizada y a más de 12 mil se les canceló el seguro de gasto médicos mayores.
Sobre la Ley de Remuneraciones, Julio Santaella opinó que "si bien en el corto plazo suenan razonables (...), cuando las vemos con una perspectiva de largo plazo pueden ser consideradas relativamente miopes".
Por ello dijo que el instituto a su cargo valora la posibilidad de presentar una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.
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