Entre ellas desaparecer a las delegaciones estatales de las secretarías y organismos federales, con el fin de sustituirlas por coordinaciones generales, que estarían directamente vinculadas con el gabinete federal.
La medida toca una de las fibras sensibles del llamado federalismo, el cual busca descentralizar y darle mayores facultades a las entidades del país.
Sin embargo, el argumento de López Obrador radica en la necesidad de ahorrar recursos, que actualmente se estarían desperdiciando en dichas delegaciones federales.
La medida, explican los colaboradores del próximo presidente de la República, garantizará la reducción de la burocracia y la recanalización de recursos públicos hacia rubros prioritarios.
En términos políticos, la propuesta borraría una de las estructuras tradicionales en las cuales se ha sustentado el poder político del PRI, pues las delegaciones estatales también han sido utilizadas para darles espacios a cuadros o militantes de este partido, en una distribución ampliada de la administración pública.
No obstante, la medida anunciada por López Obrador también crea una figura que concentrará el poder político y económico de cada entidad, a través de los llamados coordinadores generales.
En el caso del Estado de México se perfila para dicho puesto la senadora electa por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Encuentro Social), Delfina Gómez, quien apenas tocaría su curul en el Senado para después incorporarse al gobierno federal.
El éxito o fracaso de estas coordinaciones generales dependerá de no repetir los esquemas aprendidos en la era priista, donde los cargos públicos representaban un canal natural para alentar el clientelismo y corporativismo político. Esta será la prueba del ácido para los titulares de estos nuevos órganos federales.
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