Entre 50 y 60 personas, y no 43, habrían sido desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, de acuerdo con información de agencias estadounidenses.
Conversaciones interceptadas por dependencias de Estados Unidos revelan que jefes de la organización criminal Guerreros Unidos ordenaron, desde Chicago, el involucramiento de policías y el apoyo del Gobierno del estado de Guerrero en la detención de los normalistas, de acuerdo con información publicada por Reforma.
En las comunicaciones, los jefes de Guerreros Unidos en Chicago hablan de '60 paquetes', refiriéndose al número de personas capturadas y después desaparecidas.
Pablo Vega, capo del grupo en Chicago, dice a un sujeto identificado como 'Covra' que hay "50 chavos desaparecidos".
Estas pláticas se encuentran en un expediente que forma parte del proceso que se sigue a ocho operadores de Guerreros Unidos en Chicago y que fue obtenido por Reforma.
Estos criminales se encuentran en prisión por tráfico de drogas y aún no han declarado sobre los hechos de Guerrero.
Los integrantes de Guerreros Unidos consideraron que la movilización de los estudiantes formaba parte de un movimiento del grupo de Los Rojos, de Santiago Mazari alias 'El Carrete', que buscaba tomar la plaza de Iguala.
De acuerdo a las conversaciones, esa noche hubo un enfrentamiento armado que terminó con un saldo de 6 muertos.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder las transcripciones de estas comunicaciones e incluso algunas compartidas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace 4 años.
De acuerdo con la hipótesis del Gobierno federal, los policías de Iguala entregaron a los 43 estudiantes a integrantes de Guerreros Unidos.
Después, los normalistas supuestamente fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, investigaciones realizadas después por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinaron que en dicho lugar no fue posible que se haya llevado esa acción pues "no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial".
En marzo de este año, el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU llamó al Gobierno federal,a través de su informe 'Doble injustia', a descartar aquellos testimonios del caso Ayotzinapa que hayan sido obtenidos por medio de actos de tortura.
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