Se les acusa falsamente del homicidio de un empresario español durante un enfrentamiento entre grupos paramilitares y pobladores de dicha localidad que se oponen a la privatización del río Tlexcaltengo.
En represalia del conflicto entre los floricultores del municipio de Villa Guerrero, apoyados por el gobierno del estado de México, con habitantes de la primera población que se han opuesto al proyecto de apropiación del agua que corre en el mencionado afluente.
Durante los hechos Dominga González no se encontraba en la localidad. “Ha sido condenada para dar un escarmiento a los integrantes del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco que se oponen a entregar los afluentes del mencionado río.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” denunció la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de seis defensores de la tierra de la localidad de Tlanixco, estado de México --entre ellos una mujer-- a quienes se les acusa falsamente del homicidio de un empresario español durante un enfrentamiento entre grupos paramilitares y pobladores de dicha localidad que se oponen a la privatización del río Tlexcaltengo.
La defensora del agua y de la tierra Dominga González Martínez, de 59 años, junto con cinco exintegrantes del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco, fueron encarcelados en represalia al conflicto entre los floricultores del municipio de Villa Guerrero -apoyados por el gobierno del estado de México- con habitantes de la primera población que se han opuesto al proyecto de apropiación del agua que corre en el mencionado afluente, recordó el coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque.
Mencionó que el año pasado, un juez penal de esa entidad sentenció a la mujer por el delito de homicidio, cuando quedó fehacientemente demostrado durante el proceso judicial que durante los hechos Dominga González no se encontraba en la localidad. “Ha sido condenada para dar un escarmiento a los integrantes del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco que se oponen a entregar los afluentes del mencionado río”, apuntó.
Lara Duque dijo “queremos denunciar públicamente el caso de doña Dominga González que se encuentra privada de la libertad por un crimen que no cometió, separada de su familia y de su comunidad. Este es un claro ejemplo de lo que significa ser mujer e indígena en una entidad como lo es el estado de México”.
El abogado hizo ver que durante el proceso penal se han registrado numerosas inconsistencias, carencia de credibilidad e imparcialidad, así como señalamientos contradictorios, como el hecho que en los primeros cuatro años del proceso, ninguno de los testigos mencionó o identificó a alguna mujer como participantes entre el enfrentamiento entre grupos civiles armados –encabezados por el empresario de origen español—y los habitantes de Tlanixco.
Es así –continuó— que de manera sorpresiva en una audiencia cuatro años después de los hechos uno de los supuestos testigos del homicidio del extranjero observó a una “señora morena y chaparrita” que posteriormente fue identificada como Dominga González. Con este señalamiento el juez de la causa acreditó la responsabilidad de la ahora detenida y la sentenció. “Con esta declaración general, ambigua y simple es como el Juez sentenció a Dominga González Martínez de un delito grave”, apuntó.
Su único delito es sin duda –aclaró—es haber participado en el Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco y trabajar activamente en la defensa a su derecho al uso de agua del río que nace en esa localidad.
Sin duda hubo una “fabricación” y manipulación en la administración de la justicia en el estado de México, en la que participó activamente la Secretaría de Gobierno mexiquense, ya que erróneamente proporcionó los datos de Dominga González Martínez a los denunciantes, ya que cuando fue acusada ella ya no integraba el Comisariado Ejidal, según consta en una minuta de trabajo generada en una mesa de diálogo entre los representantes comunitarios indígenas y esta área del gobierno mexiquense.
En el proceso judicial fue demostrado la simulación y las declaraciones contradictorias de los supuestos testigos, por lo que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” considera su encarcelamiento como una grave violación a los derechos humanos y una acción de discriminación contra un grupo social vulnerable como son los indígenas que defienden su territorio.
Recordó que junto con Dominga González Martínez también fueron sentenciados injustamente por el delito de homicidio calificado y privación de la libertad a 50 años de prisión a Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal.
Estas sentencias fueron impuestas penas máximas pese a que en la propia acusación es imposible determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados, pero se trata de dar un castigo ejemplar para intimidar al pueblo indígena, precisó el también abogado.
Además, durante todo el proceso, dijo, no se respetaron sus derechos tomando en cuenta su calidad como personas indígenas, por lo cual no fueron juzgados en función de su contexto local social en donde los usos y costumbres son de gran importancia.
Al no existir evidencia que permita determinar el grado de participación de la y los hoy sentenciados, es imposible crear un nexo causal que relacione su conducta con el resultado material.
Es por ello que en el contexto del Día Internacional de la Mujer exigimos la libertad de Dominga González y los demás indígenas mexiquenses, así como el respeto a sus derechos, concluyó.
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