CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque ha sido incuantificable su costo, en ocho años se gastaron más de 6 mil 503.9 millones de pesos del erario para la implementación de la Reforma en Materia Penal, que incumplió con las metas y objetivos de capacitar a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados, advierte un estudio de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Indica que, sin embargo, de 2008 a 2016 “no se logró superar el cambio cultural que implica pasar de un sistema penal mixto a un sistema acusatorio y oral”, ya que “persisten fallas y malas actuaciones en el 94% de las agencias de los Ministerios Públicos, por lo que el 73% de los ciudadanos involucrados en carácter de víctima probable, o testigo, no regresaría al MP, por los largos tiempos de espera y no obtener respuesta alguna”.
También asegura que “el 43% de los policías no recibieron capacitación en materia de Derechos Humanos”.
Señala que es hasta el 2010 cuando se etiquetan recursos por 563.8 mdp, destinados a promover en las entidades federativas la implementación gradual de juicios orales.
El 2011, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó que las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ejercicio de los recursos, tanto federales como locales, atendieran la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Añade que en el Presupuesto 2012, se creó un nuevo Programa “Otorgamiento de subsidios para la implementación de la Reforma”, con una asignación de 443.4 mdp.
Adicionalmente, en 2012 se creó el Fideicomiso Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, coordinado por el Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”. El Fondo se creó con una aportación de 4 mil mdp.
En 2013, derivado del Acuerdo general 48/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional, para la adquisición de inmuebles, desarrollo inmobiliario, construcción de infraestructura y la adquisición de equipamiento necesario, con una disponibilidad de recursos por 314.5 mdp.
En julio de 2014 se constituye el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, con el propósito de otorgar a las entidades federativas los apoyos financieros previstos, con una aportación de mil 157.7 mdp, de los cuales ejerció mil 124.9 mdp.
Plantea que en 2015 y 2016 el Consejo Nacional de Seguridad Pública autorizó que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” pudieran ser utilizados como aportación estatal, dentro de la modalidad de co-pago, prevista en los Lineamientos para Apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades.
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