CIUDAD DE MÉXICO.
Contra la compra de votos habrá cateos en diversos domicilios durante las elecciones del próximo 4 de junio, aseguró el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
En entrevista, el funcionario explicó que las revisiones se realizarán en las llamadas casas amigas, lugares donde acuden los ciudadanos luego de haber emitido su voto para cobrar el “favor”.
En esta semana, Excélsior ha dado a conocer que la Fepade investiga a candidatos a gobernador, bajo la sospecha de que utilizan dinero de procedencia ilícita o que pueden incurrir en delitos que deriven en lavado de dinero.
Este diario también reveló que la Fiscalía Especializada pretende atribuciones que le permitan intervenir teléfonos de los políticos que estén bajo sospecha de emplear recursos ilícitos.
Nieto Castillo explicó que la fiscalía a su cargo solicitará a jueces de control órdenes de cateo que permitan al personal verificar que no se compre el voto.
El fiscal especializado dijo que también trabajarán contra las personas que están en las inmediaciones de las casillas con sobres de dinero para pagar a los ciudadanos que votan por un partido o candidato condicionado.
Nieto adelantó que en breve habrá buenas noticias, dos exfuncionarios de alto nivel podrían ser detenidos por delitos electorales, y aunque viven en otro país también allá existe el tipo penal que se les imputará.
Prevén cateos a casas amigas
Santiago Nieto dice que se harán rondines cerca de casillas para evitar la compra del voto el 4 de junio.
La compra del voto encendió los focos rojos de la Fepade y en este proceso electoral el fiscal Santiago Nieto Castillo prevé cateos en las llamadas casas amigas, lugares donde acuden los ciudadanos luego de haber emitido su voto para cobrar el “favor”.
Nieto Castillo es uno de los hombres más solicitados en víspera de los comicios del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. De su oficina entran y salen decenas de personas y los políticos acuden una y otra vez a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para denunciar a la oposición por diversos delitos, entre los cuales prevalece la compra y condicionamiento del voto.
Las casas amigas operan desde hace al menos 15 años y la maña para pagar los votos es cada vez más sofisticada. Ante este escenario, el titular de la Fepade asegura que solicitará a los jueces de control, órdenes de cateo que permitan al personal de la Fiscalía entrar a esos domicilios para verificar que no se compre el voto.
Relató que recientemente le negaron un cateo en el Estado de México, pues, además de los testimonios, el juez le solicitó un dictamen topográfico y un dictamen arquitectónico del inmueble.
Además, se buscará inhibir otro modelo de compra, es decir, el de las personas que están en las inmediaciones de las casillas con sobres de dinero para pagar a los que votan de manera condicionada.
En años anteriores, la Fepade detuvo en flagrancia a personas que incurrieron en esta conducta. Santiago Nieto advierte que si el delito lo comete un dirigente partidista la sanción es de dos a seis años de prisión, y si se trata de personas que no sean funcionarios ni representantes partidistas, la sanción es de seis meses a tres años de cárcel.
Excélsior dio a conocer el lunes la alerta que ha emitido la Fepade porque durante los procesos electorales se incrementa seis veces el uso de dinero en efectivo en las entidades con comicios.
—De seguir así ¿cuál es el riesgo en el 2018?, se le pregunta al fiscal.
—Es un reto mayúsculo. En el 2018 vamos a tener 30 elecciones locales, más la renovación de la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados. De las 30 elecciones locales van a ser nueve de gobernador. Entonces ahí viene la elección más grande de la historia contemporánea de México; se calculan más de 160 mil casillas a instalar en todo el territorio nacional.
“A nadie le conviene, bajo ninguna circunstancia, que en el 2017 se viole la legislación porque sería un pésimo precedente para 2018. Por el contrario, lo que necesitamos es hacer cumplir la ley en 2017 para poder transitar a un proceso electoral que se avecina complejo, competitivo, en la mejor forma posible para poder mantener lo más importante que tiene el sistema electoral que es la legitimidad en el gobierno”, asevera.
Añade que la compra del voto y el condicionamiento de programas sociales son delitos que “tienden a feminizar el fenómeno de la criminalidad electoral; son mujeres las que son obligadas a desarrollar este tipo de actividades”.
“Hoy en día en el derecho penal, parte de lo que se vive es un modelo de criminalización de la pobreza, es decir, en muchas ocasiones son a las personas de escasos recursos, que son movilizadas a partir del fenómeno de turismo electoral, o a las que se obliga a las beneficiarias de los programas sociales, como Prospera, a las que se les obliga a que condicionen el voto al resto de los beneficiarios. Esto criminaliza a la pobreza, inclusive es un fenómeno que tiende a feminizar el fenómeno de la criminalidad electoral”, explica.
Añade que presionará para que el condicionamiento de programas sociales en época electoral sea tipificado como un delito grave a nivel federal, estatal y municipal.
El fiscal está convencido que la credibilidad de la institución que preside depende de la captura de los “peces gordos”, aquellos que ordenan u obligan a las personas a comprar o condicionar el voto como es el caso de secretarios y gobernadores.
—¿Qué se tiene que hacer para poder agarrar a los peces gordos y no a los pececillos que están abajo entregando el dinero?
—La forma de poder legitimar a la Fiscalía implica actuar en contra de las personas que están cometiendo las conductas delictivas. En la materia penal electoral, son servidores públicos los que cometen el ilícito, son funcionarios partidistas y, por tanto, hay que llegar hasta las últimas consecuencias para efecto de fincar las responsabilidades a las personas que hayan vulnerado los principios rectores del derecho electoral y los bienes jurídicos tutelados por la norma penal electoral en este país.
Exfuncionarios, en la mira
Nieto Castillo espera dar “buenas noticias” en breve. Pues dos exfuncionarios de alto nivel podrían ser detenidos por delitos electorales y, aunque viven en otro país, también allá existe el tipo penal que se les imputará.
Como en la delincuencia organizada, donde se captura a criminales a raíz de testigos protegidos —generalmente colaboradores que provienen de la misma actividad—, en la Fepade se utiliza a altos funcionarios para que delaten a los autores intelectuales de los ilícitos en materia electoral.
“Recientemente, nosotros lo hemos hecho en Veracruz, con secretarios, con gente relacionada con el señor Javier Duarte (exgobernador de Veracruz), tenemos una orden de aprehensión todavía contra el señor Javier Duarte. Lo hicimos con un secretario de Desarrollo Social en Colima. Lo estamos trabajando con funcionarios de alto nivel en varios estados, no puedo dar datos en virtud de que se trata del deber de sigilo en la carpeta de investigación, pero con ese objetivo muy claro”, revela.
—¿La orden de aprehensión contra Duarte no se puede añadir a la carpeta que tiene en Guatemala?
—Lo planteamos; sin embargo, el delito por el cual solicitamos la orden de aprehensión contra de Javier Duarte es obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales, delito que no existe en Guatemala. Sin embargo, espero pronto poder darles una buena noticia sobre un caso en donde sí existe correlación entre los delitos que se investigan en otro país y en México. Dos exfuncionarios, anticipó.
LA SEDESOL PREPARA INSPECCIÓN Y RESGUARDO
A partir del primer minuto del próximo jueves 1 de junio, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pondrá en marcha las acciones de inspección y resguardo de instalaciones y recursos, en los estados de Veracruz, Estado de México, Coahuila y Nayarit, en donde habrá elecciones el domingo.
Como parte de las acciones del llamado Programa de Blindaje Electoral, se instalarán grupos de trabajo de enlace en cada una de las entidades, 72 horas antes de la realización de los comicios, para prevenir el uso de los recursos de la dependencia federal con fines político-electorales.
De acuerdo con la Circular 02/2017 de la Sedesol, en cada grupo participarán representantes de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia y del Órgano Interno de Control de la dependencia; de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Contraloría Social y organizaciones civiles.
Con el objetivo de no afectar los derechos de beneficiarios de programas en condiciones de vulnerabilidad, se determinó que aquellos programas cuyos padrones son transparentes, sujetos a calendarios de entrega y no impliquen la convocatoria de eventos masivos, no serán interrumpidos durante el periodo electoral.
En este caso se encuentran casos como la entrega de recursos de Prospera, de abasto de leche de Liconsa, el 65 y Más para adultos mayores o de comedores comunitarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
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