Otro aspecto de esa propuesta que será particularmente relevante, ya que afectaría los bolsillos de la población y los costos directos de las empresas, es adelantar (parcialmente y con un periodo de transición en el que se establecería una banda que acote los movimientos al alza o a la baja) la liberación de los precios de las gasolinas originalmente prevista para principios de 2018. De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, “se propone que en 2016 los precios máximos puedan comenzar a fluctuar de forma consistente con su referencia internacional [y que] los precios fluctúen de acuerdo con patrones estacionales como sucede en otros países, o que los precios puedan disminuir en caso de que los precios de referencia se reduzcan con respecto a los observados en 2015”. Varias consideraciones en torno a esas propuestas.
En primer lugar, se adelantaría la liberación administrada de precios al tiempo que, como se previó en la reforma energética, a partir del año que entra se otorgarían permisos a terceros para la venta al público de gasolinas en estaciones de servicio distintas a la franquicia Pemex; sin embargo, no se modifica el plazo para la libre importación de gasolinas (2017), con lo que toda la gasolina que se venda será producida o importada por Pemex. Precios parcialmente “liberados” pero un solo vendedor, lo que seguirá implicando un mercado no competitivo.
En segundo lugar, hasta ahora se ha interpretado que bajarán los precios de las gasolinas, lo que no necesariamente será el caso. Por ello, será fundamental conocer qué niveles iniciales de precios se fijarán para la “banda de fluctuación”. Una opción obvia, que podría ser el precio mínimo o el máximo, es el actual y, a partir de ahí, empezar a fluctuar. El precio de la gasolina Magna es 29.5 por ciento superior a la referencia en Estados Unidos y el de la Premium 19.8 por ciento.
Otra opción sería buscar la convergencia gradual entre los precios internos y sus referencia internacionales, lo que sí se traduciría en unadisminución de precios a partir de 2016. Sus beneficios serían indudables: el ingreso disponible de las familias se incrementaría entre 0.3 por ciento para el estrato más bajo de ingresos y 1.0 por ciento para el más alto; el impacto deflacionario sería de 0.7 puntos porcentuales; y los costos totales para las empresas manufactureras podrían reducirse hasta en 2.6 por ciento. Desde luego, los costos para el erario serían elevados: los ingresos públicos por las ventas de gasolinas podrían disminuir en cerca de 11 por ciento al año.
Asimismo, será determinante el nivel de la “cuota” del impuesto que se establezca en el nuevo esquema fiscal para las gasolinas, el cual también fluctuará durante el periodo de transición a fin de mantener los precios dentro de la banda; después de ese periodo, la cuota impositiva será fija.
En teoría, todo ello se conocerá cuando el Ejecutivo envíe al Congreso el “informe detallado del mecanismo para fijar los precios de las gasolinas, gas y energía eléctrica”, como se plantea en la iniciativa de Ley de Ingresos. Así, está por verse si una buena medida, como sería reducir los costos de los energéticos, liberar sus precios y establecer condiciones de mercados competitivos, se aterriza adecuadamente. El diablo está en los detalles.
Correo: mruizfunes@gmail.com
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