El Ejecutivo federal y los Gobiernos estatales deben diseñar e implementar políticas públicas para atender el desplazamiento interno en el territorio nacional, debido a la violencia, conforme al Derecho Humanitario Internacional.
Así lo aprobó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que además solicitó a la Secretaría de Gobernación, un informe detallado sobre este desplazamiento ya que existen miles de personas que tienen que salir de sus lugares de origen debido a la violencia.
Y aunque las autoridades tienen conocimiento de este fenómeno, no se conoce su magnitud ni si se ayuda estas personas. De acuerdo con el dictamen aprobado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó casos de desplazamiento interno forzado debido a conflictos comunitarios, desastres naturales y violencia así como probables desplazamientos a causa del desarrollo de megaproyectos en los que no se respetan los principios de la consulta previa a los habitantes de dichas comunidades.
Los desplazados se enfrentan de manera inmediata a la necesidad de cobijo y alojamiento, agua potable y alimentos. También se debe garantizar su seguridad física y la de sus familias al tiempo de acceder a condiciones higiénicas en el lugar en que se sitúan junto con atención médica y sicológica.
Y debido a que abandonan de manera abrupta sus lugares de origen, no llevan consigo documentos para acreditar su identidad, lo cual les limita el acceso al pleno goce de sus derechos: trabajo, educación, asistencia social y propiedad, entre otros.
También destaca el dictamen aprobado que las personas desplazadas son víctimas de una múltiple violación a sus derechos y están sometidas a precarias condiciones de vida durante un tiempo indeterminado. Esto implica una serie de obstáculos y dificultades objetivas que impiden que puedan disfrutar de una vida digna con base en sus propios esfuerzos.
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