En los posicionamientos el diputado del PRI, Antonio Astiazarán Gutiérrez, afirmó que con esta reforma lo que se busca es regular el aprovechamiento sustentable de las energías renovables, pero también garantizar el imperio del Estado sobre el control de la energía, siendo una reforma coercitiva para evitar abusos por parte de los particulares.
Bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto se dejaron atrás atavismos, dando pie a una nueva legislación moderna, que reconoce las exigencias del mercado, tiende a las demandas de la población, crea instituciones transexenales y fortalece la rectoría del Estado en este importante sector económico”.
En su oportunidad, la diputada del PAN, María Isabel Ortiz Mantilla, argumentó que la ley busca actuar contra el cambio climático y diversificar las fuentes de generación de energía para garantizar el cuidado del medio ambiente, así como contempla metas específicas para la generación de energías limpias y reitera que la ley democratiza la energía y asegura que los recursos sean de los ciudadanos.
No queremos que México dependa solamente del petróleo o del gas y por eso presentamos esta ley retomando la legislación de 2008 y de 2012 y fortaleciéndola, porque nos parece fundamental que verdaderamente actuemos ante el cambio climático, actuemos para atender la salud ambiental y la conservación de los recursos no renovables, pero algo fundamental que quizás cuando discutimos la reforma energética no lo mencionamos, y es la seguridad energética. La seguridad energética sólo se podrá dar si le apostamos también a diversificar nuestra matriz a través de fuentes renovables”.
Es reglamentaria la reforma
La nueva legislación que se expide es reglamentaria de la reforma constitucional en materia energética, promulgada en diciembre de 2013.
La nueva ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, y las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
Asimismo, fija la meta nacional de participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica, la cual se prevé se incremente de manera gradual de 25 por ciento para 2018 a un 35 por ciento en 2024.
Busca dotar al Estado de un marco jurídico que permita la acción coordinada de todos los participantes del sector energético, con el fin de lograr la reducción de emisiones contaminantes al menor costo y con mayor bienestar social posible.
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