Por I. León Montesinos
El escabroso submundo de la trata de personas
El alcalde de Lerma se pasea por la Madre Patria
México, (Opinión).- La reciente aprobación del Congreso Local a la Ley para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el Estado de México, tiene ante sí innumerables retos para convertirse en un mecanismo que realmente pueda vencer el poder de las mafias que operan en la entidad y cuyas redes se extienden por todo el país e inclusive en el extranjero.
De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de personas se ha convertido en el tercer rubro más rentable del crimen organizado; a nivel internacional reporta ganancias superiores a los diez mil millones de dólares anuales. Se calcula que por lo menos entre 800 y 600 mil personas en el planeta son víctimas de este flagelo que ha crecido en buena parte por la complicidad de autoridades corruptas. Datos conservadores señalan que en México unos 16 mil menores de edad son víctimas de la explotación sexual, mismos que son “enganchados” en las zonas marginadas, bajo el espejismo por alcanzar una vida mejor.
Apenas en 2012, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, estableciéndose sanciones de hasta 40 años para los responsables de perpetrar este modo de “esclavitud moderna”, como también el decomiso de los bienes del tratante para contribuir al resarcimiento del daño a las víctimas y la aplicación de castigos severos a los dueños de bares, disfrazadas salas de masajes y otros establecimientos donde se explota sexualmente a las víctimas, aunque quienes son presa de este delito también padecen otro tipo de explotación laboral como por ejemplo, los menores de edad que son obligados por los cárteles de la droga a trabajar en el cuidado sembradíos, o aquellos que son obligados a laborar en las minas, a grandes profundidades y sin ningún equipo de protección. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi 21 millones de personas son explotadas laboralmente al margen de la ley, y casi en su totalidad se les relaciona con alguno tipo de trata ilegal.
A partir del año 2000, la ONU definió el término trata de personas de la siguiente forma: "Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos".
Loable, por ello, que el ordenamiento jurídico votado en mayoría por los diputados mexiquenses contemple no únicamente una acción punitiva por parte de la autoridad judicial, sino que además involucre de manera integral a 23 dependencias que tendrán la facultad de revisar centros de trabajo como bares, centros nocturnos, hoteles y una gran variedad de establecimientos donde opera la delincuencia, brindando, inclusive, protección a los inmigrantes.
Llama la atención que la Secretaría del Trabajo local, inspeccionará los centros laborales y agencias de colocación para prevenir y detectar el delito, la Secretaría de Educación sensibilizará a alumnos y padres de familia y la Secretaría de Turismo realizará campañas de prevención e integrará un padrón oficial de prestadores de servicios turísticos, mientras el Instituto Mexiquense de la Juventud (Imjuve) efectuará campañas de prevención y el DIF protegerá a víctimas menores de edad y asumirá su tutela.
Hasta aquí todo está bien, el problema es ver hasta qué punto el procurador Miguel Ángel Contreras Nieto, podrá meter el orden y erradicar a los comandantes, ministerios públicos y policías corruptos que pululan como hongos bajo la lluvia en la institución a su cargo y que, hay que escribirlo con mayúsculas, BRINDAN PROTECCIÓN a estas poderosas mafias.
De nada va a servir una buena ley si los encargados de aplicarla simplemente se vuelven cómplices de las mafias. Por citar un ejemplo: hace apenas unos días en uno de los mercados públicos de Ecatepec, un comando de más de 20 sujetos armados prácticamente saqueó los locales de los comerciantes sin que, curiosamente, su por demás aparatoso operativo delincuencial llamara la atención de los cuerpos policiales.
Los datos de organismos internacionales hablan por sí solos en cuanto a los millonarios recursos ilegales que genera la trata de personas y el lenocinio, suficientes para que los mafiosos ganen lealtades y silencios tanto de funcionarios públicos como de policías. Bien harían por ello los diputados locales en adicionar al caudal de buenos propósitos, un sistema permanente de supervisión y un link en su página, como el que proponen se instrumente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para que los ciudadanos denuncien a los ejecutores y sitios que alienten este delito. Dejar en manos de quiénes por años no han atacado de fondo el asunto, pudiéndolo hacer, es echar al cesto de las buenas intenciones todo su esfuerzo y labor legislativa.
Además, desde aquí conminamos a los diputados mexiquenses a estar al pendiente del retroceso parlamentario que se pretende realizar en el Senado de la República, disminuyendo la penalidad en contra de los tratantes, como lo denunció en los medios de comunicación la colega Lydia Cacho; retroceso que de manera vergonzosa viene solapando la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, del Partido Acción Nacional.
Es obvio que los poderes fácticos que brindan protección al ilícito negocio tratan de mover sus piezas en el Congreso para echar atrás una ley que ha tenido su fundamento en el ordenamiento internacional que al respecto ha emitido la propia ONU. Ahora, en lugar de brindar mayor protección a las víctimas se busca disminuir los castigos los hampones e, incluso, tratándose de funcionarios coludidos, aminorar sus penas corporales.
El Estado de México, por su densidad demográfica, está en la mira de estos grupos de la delincuencia organizada. Esperemos que la aprobación del nuevo ordenamiento, realmente ayude a las víctimas de esta indignante “esclavitud moderna”.
EL ALCALDE DE LERMA SE PASEA POR ESPAÑA.- Mientras en el municipio de Lerma los problemas siguen tocando a las puertas del ayuntamiento, el alcalde Eric Sevilla Montes de Oca se preocupa más por tender puentes de hermandad con sus símiles de la Madre Patria que por atender los reclamos ciudadanos.
Sin respeto alguno a las normas mínimas de la austeridad republicana, y por ende, municipal, el munícipe decidió que es más importante consolidar lazos de amistad con ayuntamientos de la ibérica España que fajarse en la atención de la problemática local.
Es así que hace unos días se anunció, con bombo y platillo, la firma de un “importante” convenio que permitirá al agobiado municipio de Lerma incorporarse como miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
Dándose ínfulas de internacionalista, Eric Sevilla Montes de Oca señaló del otro lado del “charco” que la sociedad actual exige cada día servidores públicos más preparados que cumplan los retos y exigencias de hoy “mediante una formación profesional se logra acercar a los ciudadanos de Lerma a mejores oportunidades de crecimiento mediante becas y capacitación y contando sobretodo, con el respaldo de instituciones que avalen la preparación de todos aquellos que forman parte de este programa. Lerma no sólo lo necesita, se lo merece y lo vamos a impulsar para que esto sea el motor del desarrollo que impulse a los lermenses y no se detenga ya, esta transformación”. (¡zaz¡ y recontra ¡zaz¡).
Por cierto que no podemos dejar de mencionar en este espacio que la firma de este convenio tuvo lugar en Granada, España, teniendo como uno de los testigos de honor, nada menos que al Primer Regidor Saúl García, quien se ha prestado a ser cómplice y comparsa del edil lo mismo que la treintena de acompañantes que la hacen de chaperones del presidente municipal, claro está, con todos los gastos pagados, por cuenta y cortesía del ayuntamiento lermense.
Pero le comento que días antes, y agendado en el periplo “oficial”, Sevilla Montes de Oca y el alcalde de Lerma provincia de Burgos, España, José Ignacio Barrasa Moreno, llevaron a cabo de manera oficial la firma de convenio que consolida el hermanamiento entre ambas ciudades.
Al iniciar la ceremonia de protocolo, el alcalde mexiquense ordenó la proyección de un video de la ciudad de Lerma de Villada, donde quiso apantallar a su homólogo sobre la riqueza geográfica, cultural, gastronómica y económica de la que goza la demarcación a su cargo, el imaginario mundo de perfección que, claro está, no existe para sus gobernados.
Orondo y feliz de divertirse en su viajecito, el munícipe alzó su copa para decir a voz en pecho: “En el marco de los 400 años de fundación de la ciudad de Lerma de Villada, representa un honor firmar este hermanamiento con esta bella y destacada ciudad de Lerma, Burgos de España, y seguro estoy, que de ello derivarán grandes renovaciones e intercambio de experiencias beneficiando principalmente a los ciudadanos de nuestros pueblos” (¿?).
Agradecemos sus comentarios a nuestro correo: garrasleo6@yahoo.com.mx
