México.- De cada cinco pesos que se utilizan de manera irregular en el país, uno tiene que ver con el gasto educativo que la Federación le da los estados.
Tan sólo en 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal.
Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.
De esos pagos irregulares, la ASF señala que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo.
De esos nueve estados con más anomalías en el gasto con dinero del FAEB, Michoacán es el único que usó de manera irregular 20 de cada 100 pesos que recibió del gobierno federal, entidad que además destaca por su rechazo a la Reforma Educativa y el predominio de la Sección 18 de la CNTE en la toma de decisiones de la política educativa.
El organismo fiscalizador señaló que las auditorías al fondo educativo son de gran relevancia, pues representa 50% de los recursos federales que el gobierno transfiere a los estados y, por lo tanto, se trata de un monto millonario que obtienen las entidades en los que se han visto pagos irregulares o desvíos porque se usan para cosas no vinculadas a la educación.
De hecho, las anomalías en el FAEB dieron pauta para que a partir del 1 de enero de 2015 se eliminara dicho fondo, sustituyéndolo por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone), con el cual la SEP paga directamente a los profesores y trabajadores de la educación.
Debido a los recurrentes pagos irregulares que hicieron anualmente los estados, desde 2015 los gobiernos locales ya no reciben el dinero para pagar los salarios de maestros, con lo que se busca evitar las pérdidas multimillonarias que año con año hubo en esa bolsa educativa.
De las 63 auditorías efectuadas por la ASF a una muestra de 308 mil millones de pesos de ese fondo educativo, se comprobó el mal uso de 11 mil 366 millones de pesos que representan 3.7% de la muestra auditada.
Un ejemplo es Michoacán, siendo el estado que más recursos utilizó del FAEB en gastos improcedentes y no comprobables, pues usó dos mil 139 mdp “en transferencias hacia cuentas que no pertenecen al fondo y sin haber realizado el reintegro”.
En Coahuila, Estado de México, Michoacán y Veracruz se transfirieron recursos del fondo educativo hacia cuentas bancarias diferentes por cuatro mil 109 millones de pesos, que es 44.5% del total de recursos mal usados.
La ASF detectó además que los gobiernos locales usaron mil 343 millones de pesos para el pago de bonos, estímulos y compensaciones negociados con el SNTE, “siendo uno de los hallazgos de mayor incidencia a nivel nacional, ya que se presentó en 20 entidades”.
En tanto que la práctica de pagar a trabajadores comisionados al sindicato se presentó en 26 estados por mil 273 millones de pesos, lo cual representó 13.8% de los pagos irregulares.
Otra anomalía en el FAEB fue pagar sueldos de personas sin ninguna función educativa en Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, donde, entre todos, desviaron 137 millones de pesos.
En un sinfín de anomalías, la ASF menciona que se usaron 37 millones de pesos para el pago de profesores que en teoría están en centros educativos, pero en la realidad tienen funciones sindicales, así como desvío de 13 millones de pesos para el pago “a personas que desempeñaron cargos de elección popular”.
La ASF concluyó que, además del uso indebido de dinero del FAEB, los estados también mostraron opacidad e incumplimiento normativo, pues 38.7% de entidades no envió a Hacienda ningún informe trimestral y 22% envió información que no coincidió con la de sus estados financieros.
