De acuerdo con datos proporcionados por Chuayfett en un encuentro con corresponsales extranjeros, de los 183,000 maestros evaluados, entre aspirantes a una plaza y docentes en busca de un ascenso, sólo unos 70,000 aprobaron. Este año se espera evaluar a otros 380,000 y el próximo a unos 600,000.
Además, la reforma enfrenta grandes resistencias en algunos estados, en particular en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, los más pobres del país y donde hay organizaciones sindicales del magisterio muy combativas que han amenazado con impedir las elecciones regionales y legislativas del 7 de junio.
Para Chuayfett, ante la resistencia de algunos gobiernos locales a aplicar la reforma, podría ser necesario impulsar nuevas leyes para "recuperar la operación" en materia educativa en esos sitios.
"El problema de nosotros es que hay poderes fácticos que se niegan a aceptar las resoluciones de la reforma educativa", además de gobiernos locales que no están cumpliendo con sus obligaciones, indicó.
Los puntos más álgidos son la obligatoriedad de los maestros de someterse a evaluaciones para su permanencia y ascenso y la decisión de centralizar el pago de salarios para tener un control del destino del dinero.
De esa forma se busca evitar que haya maestros cobrando sin trabajar o que la plantilla docente se infle artificialmente en respuesta a presiones sindicales sobre los gobiernos locales.
El funcionario estimó que debería reformarse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que estableció en 1992 la descentralización educativa, para que el gobierno federal pueda asumir esas funciones cuando no se cumpla la ley.
"Hemos hecho una propuesta a título personal. Yo no he hablado todavía con los legisladores ni con los grupos magisteriales", indicó.
"Nosotros creemos que debe cambiarse el acuerdo de modernización. Debe desaparecer y debe incorporarse a una nueva Ley General de Educación en la cual se establezcan no sólo responsabilidades a descentralizar, sino controles que permitan verificar que la descentralización está siendo adecuadamente usada".
En total esto implicaría tres cambios legales, entre ellos una nueva reforma constitucional.
Aunque en los restantes 28 estados y la capital la reforma se está aplicando, hay también otros problemas como la falta de tutores suficientes para apoyar a los maestros que no aprueban los exámenes.
Los maestros de nuevo ingreso tienen dos oportunidades para aprobar, mientras que a los restantes se les darán tres y, en caso de resultar "no idóneos", tendrán que pasar a labores administrativas.
"Cuando termine este sexenio las 32 entidades deben tener en vigencia la reforma educativa", dijo Chuayfett. El gobierno está empeñado totalmente" en que la reforma cambie el sistema educativo, indicó.
Actualmente, la nómina docente asciende a 307,000 millones de pesos (unos 20,500 millones de dólares). (DPA)
