Por Armando Salinas Torre
La calidad de nuestra democracia está directamente relacionada con la calidad de nuestros políticos e indirectamente con todos nosotros.
Un ejemplo de lo expuesto podemos observarlo en el hecho de que tengamos un partido político que, a pesar de las sanciones que pudiera recibir, esté violando la ley para conseguir más votos; y que el gobierno y el partido en el gobierno establezcan una alianza con dicho partido para gobernar, lo cual implica una complicidad en dichos actos ilícitos y deslegitima el ejercicio de gobierno.
El PRI no ha denunciado ninguna de las acciones que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Federal Electoral, que es el máximo órgano jurisdiccional que hemos diseñado y financiado los mexicanos para garantizar la legalidad del proceso electoral.
Toda vez que el PRI no tiene la mayoría en el Congreso de la Unión y, por tanto, necesita el voto de otros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para aprobar desde el Presupuesto de Egresos, hasta cualquier legislación necesaria para implementar las acciones de gobierno, la alianza de dicho partido con el PVEM en el Congreso de la Unión, y en otros ámbitos de gobierno, implica hacerse corresponsable de los métodos que emplea su aliado para hacerse de los votos que, finalmente, también beneficiarán al PRI y al gobierno, lo cual no necesariamente implica un beneficio directo para la población en general.
Los vales de medicina que se promocionan como una promesa de campaña cumplida no implican la reforma al sistema de salud, que le urge a millones de pacientes y sus familias, sino sólo una forma de mantener y promover el clientelismo y aprovecharse de la pobreza y la necesidad de las personas; igual sucede con los útiles o la mercancía que obsequian y que en los mensajes de promesas cumplidas en esta campaña electoral les cobran a sus beneficiarios.
La deshonestidad y el doble discurso van ligados al desprestigio de nuestra democracia y constituyen un insulto a los mexicanos. Por un lado, se difunde la austeridad en el presupuesto, y se preparan los recortes que se avecinan, en tanto que nadie se hace responsable del derroche de recursos y los actos deshonestos denunciados en los últimos años.
Es evidente que millones de servidores públicos, trabajadores asalariados o empresarios en nuestro país trabajan arduamente para ganarse en forma honesta el sueldo que les permitirá, con grandes esfuerzos también, sufragar los gastos indispensables de alimentación, transporte, vivienda, salud, vestimenta, entre otros, sin embargo, los políticos envían otro mensaje día a día, que la vía de la ilegalidad es más eficaz para sufragar gastos y obtener lo que se pretende.
Se hace campaña a través del clientelismo para paliar necesidades inmediatas, aun cuando ello sirva para obtener su voto y mantener las condiciones más graves y que afectan de fondo la calidad de nuestra democracia, tales como la inseguridad, deficiencias en materia de educación y salud.
Es evidente, por ejemplo, que en general la educación pública a nivel media superior y superior que reciben los alumnos no les permite a la mayoría resolver los problemas para lo cual se formaron; mucho menos para que la mayoría de los egresados puedan colocarse adecuadamente en el mercado de trabajo con base en su formación educativa. Por otro lado, son evidentes también las deplorables condiciones de los servicios de salud, en las que miles de doctores y enfermeros hacen grandes esfuerzos para atender una demanda que rebasa, por mucho, el número de pacientes, generando también en este sistema, a quienes en forma inhumana tratan a los pacientes que acuden para que se les brinde atención médica.
En tanto nuestros políticos no hagan conciencia de la pobreza (en términos generales del concepto) en la que vive la mayoría de nuestra población y pretendan continuar gozando de sus privilegios, tendremos unos pobres políticos en una democracia muy pobre, de la cual también somos indirectamente responsables.
*Abogado postulante
Twitter: @asalinastorre
