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El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios aprobó implementar el Modelo de Gestión de Riesgos para el Sector Público, el cual iniciará con una prueba piloto, a partir del mes de enero, en los juzgados de lo familiar del Poder Judicial mexiquense.
A través de él, buscarán detectar y prevenir la corrupción
en el sector público, basados en el diagnóstico de que la ciudadanía tiene una
percepción de desconfianza e incredulidad en el sector público que afecta a
todos los sectores de la vida social, económica y política del país. Ante esa problemática,
el modelo pretende contribuir a la generación de acciones de combate a la
corrupción, en atención a las prioridades de la Política Estatal
Anticorrupción, relacionadas con la gestión de riesgos de corrupción. El Comité
acordó dar 60 días hábiles para implementarlo.
A través de él, buscan identificar los riesgos de
corrupción, hacer una evaluación de los mismos; así como de los controles
existentes, darles tratamiento, seguimiento e implementar acciones para evitar
esas conductas.
La secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción, Claudia
Valdés explicó que el acompañamiento lo dará esa secretaría y ofrecerá
capacitación a quienes implementarán el modelo.
La implementación correrá a cargo del Comité Coordinador, la
Secretaría Ejecutiva que se encargará de coordinar a los entes públicos, los
cuales colaborarán en todo el proceso. También participará el Comité de
Participación Ciudadana (CPC) con la propuesta de representantes de la
organización civil, la academia y el sector público.
El plan de riesgos incluye identificarlos, evaluarlos,
establecer controles y tratamiento de los riesgos de corrupción, darles la
difusión y seguimiento.
El magistrado Pablo Espinosa Márquez, representante del
Poder Judicial mexiquense, señaló que esa institución levantó la mano para
realizar el proyecto piloto y fue aprobado por el Consejo de la Judicatura.
La ejecución en juzgados de controversia familiar dijo,
podrá ilustrar mucho para establecer acciones ante posibles riesgos.
En materia familiar, añadió, hay un nuevo modelo de cómo
llevar a cabo los diferentes asuntos que tienen los juzgados y buscarán
detectar las debilidades en corrupción, aunque en materia laboral ya han
implementado algunas acciones. Confío en que será una práctica de éxito que se
podrá replicar.
La auditora superior Miroslava Carrillo consideró
que el modelo de riesgos es una medida muy atinada y abona a cualquier
institución para que los procesos mejoren, pues a través de las auditorías han
detectado falta de controles internos la prevención de la corrupción debe
formar parte de una cultura y sensibilizar a las personas servidoras públicas,
pero también que las y los titulares conozcan las circunstancias y tener
controles.
Afirmó que la entrada en vigor debe ser gradual, previa
capacitación del personal, por lo cual deben dar días para la entrada en vigor.
El presidente del Instituto de Transparencia, José Martínez
Vilchis, destacó el modelo y recordó que a partir del siguiente año también
deberán implementar las acciones que les tocan por la política anticorrupción.
El magistrado Espinosa coincidió en la necesidad de dar
tiempo y el secretario de la Contraloría estatal, Javier Vargas señaló su
disposición a trabajar.
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