El presidente López Obrador adelantó en su conferencia mañanera del miércoles que en esta semana estaría solucionado el problema del desabasto de oncológicos.
Hasta este sábado el gobierno de la 4T había asignado 7 mil
millones de los 35 mil millones de pesos que se etiquetaron para salir a
comprar medicinas e insumos para la salud, “donde sea y como puedan”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó
en su conferencia mañanera del miércoles que en esta semana estaría solucionado
el problema del desabasto de oncológicos.
Pero la realidad es que el tratamiento para combatir el
cáncer, especialmente para los niños que lo demandan, será de las medicinas que
más tardarán en tenerse disponibles, quizás hasta finales de julio.
Desde hace dos semanas se prendieron las alertas en el
sector salud ante el creciente problema de abasto que ya se registra en los
hospitales y clínicas del IMSS, ISSSTE e Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi).
A partir del jueves se acuartelaron en la Secretaría de
Salud, que lleva Jorge Alcocer, los representantes de compras de los
organismos que dirigen Zoé Robledo, Luis Antonio Ramírez y Juan
Antonio Ferrer.
Los está coordinando la oficial mayor de la Secretaría de
Hacienda, Thalía Lagunas, a quien se le encomendó “en carácter de urgente”
la adquisición de insumos con el objeto de regularizar el abasto.
Y es que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de
Proyectos (Unops), como le informé, no logró la adjudicación del total de las
claves de medicamentos y material de curación.
Nos referimos a los productos fundamentales y necesarios
para la operación de las diferentes instituciones incorporadas en la compra
consolidada del ejercicio 2021.
El Insabi lanzó un estudio de mercado de 673 claves que la
oficina que encabeza Grete Faremo no pudo adquirir, el cual concluyó
hace exactamente una semana.
Originalmente se tenía planeado que Birmex fuera la unidad
compradora, pero al final Ferrer se impuso al propio Pedro Zenteno, el
director de esa empresa gubernamental.
Hasta ahora se ha tenido la participación de 102 posibles
proveedores, preponderantemente laboratorios nacionales y distribuidores, a los
cuales se les fincaron esos primeros 7 mil millones de pesos.
El principal ganador es la empresa Disur, propiedad de Víctor
Sánchez, que se ha llevado hasta ahora 120 claves con un importe económico de
tres mil millones de pesos.
Es una distribuidora que siempre ha estado presente en las
compras consolidadas del IMSS, desde el gobierno de Felipe Calderón y
no se diga en el de Enrique Peña Nieto.
Trae ahora en el de López Obrador buen padrino, tanto que
desplazó en esta primera tanda de compras a Comercializadora de Productos
Institucionales, mejor conocida como CPI.
Este otro importante proveedor del IMSS en pasadas compras
consolidadas quedó fuera y se comenta que fue porque sus dueños, Gerardo
Morán y Rubén Hernández, tienen relación con los Pérez Fayad.
ARRENDOMÓVIL NO HA podido cumplir el contrato que firmó
con la CFE de 4 mil 700 millones de pesos para la renta de 8 mil 903 vehículos,
de 2020 a 2024. Los retrasos e incumplimientos se registraron desde el primer
día. Aunque en un primer momento la empresa productiva del Estado se manifestó
dispuesta a firmar convenios modificatorios para exentarla de sus obligaciones
contractuales, pues argumentó problemas por la pandemia, no ha logrado
regularizar su situación y al interior del organismo ya estalló la bomba,
pues Manuel Bartlett ya no quiere más excusas. Se prevé la cancelación
total del contrato en las próximas horas.
OTRO CONTRATISTA CUYA viabilidad financiera depende de
Pemex es Marinsa. Pactó un convenio de espera con sus acreedores, a los que
debe alrededor de 5 mil millones de pesos. Bancomext de Juan Pablo de Botton,
HSBC de Jorge Arce, Bx+ de Antonio del Valle, Unifin de Rodrigo
Lebois, EngenCap de Juan Pablo Loperena, BanBajío de Santiago Oñate y
Libertad de Silvia Lavalle le otorgaron un plazo hasta finales de
agosto para reestructurar. Pero si la empresa productiva que maneja Octavio
Romero no les paga cerca 15 millones de dólares que le debe, y sobre todo si no
les reactiva más contratos, puede irse a la quiebra.
ALPHACREDIT ESTÁ gastando millones de dólares al mes en
un ejército de asesores y especialistas en auditorías para salvar cara al
equipo gerencial y a sus propios fundadores, Augusto Álvarez y José
Luis Orozco, que perdieron cerca de 4 mil millones de pesos. Esa función en la
que están metidos White & Case que preside Hugh Verrier, KPMG de William
B. Thomas, PWC de Robert E. Moritz y Skadden Arps Eric J.
Friedman, principalmente, poco o nada ayuda al problema central de la fintech:
su reestructura financiera. Los principales acreedores son los tenedores de
bonos. Apunte a JPMorgan, Amundi, Moneda y Schroeders.
MÁS QUE CONVENIO concursal, lo que Isolux logró la
semana pasada fue un convenio de reestructura en etapa de quiebra. La firma que
dirige aquí Roberto López saldrá de concurso mercantil sin
liquidarse, sino como empresa en marcha que será adquirida por Maclo, un nuevo
grupo de inversionistas españoles y mexicanos. Isolux en el pasado había
acordado pagos por concepto de derechos de cobro contra la CFE por el proyecto
de la planta de Altamira a favor de Sociéte Générale que dirige Luis Sáinz,
Crédit Agricole que maneja Octavio Liévano y Santander que
comanda Héctor Grisi por unos cien millones de dólares.
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