El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, afirmó que, al igual que la seguridad pública, el contar con agua potable es un derecho humano y arrebatar este recurso de los hogares del municipio es un acto de genocidio.
Vilchis Contreras participó en la Firma del Acuerdo de Colaboración con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde aseguró que el trabajo de transformación ha sido permanente en Ecatepec, en especial con los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal.
Explicó que desde el inicio de la administración comenzó un proceso para erradicar vicios que los policías pudieran tener y así cortar de tajo con la corrupción, para avanzar hacia una política pública realmente transparente y al servicio de la ciudadanía.
Reiteró que otorgar agua potable es un derecho humano que algunas autoridades no han respetado, al cortar parcialmente el suministro que por derecho tienen los vecinos de Ecatepec e incluso calificó de genocida esta decisión, que fue tomada unilateralmente a pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Agregó que espera que este convenio no sólo sea “cosmético”, sino que todas las partes involucradas de los diferentes niveles de gobierno colaboren de manera estrecha para asegurar que los derechos humanos de los ecatepenses sean respetados y que los puedan hacer valer.
Vilchis Contreras insistió que Ecatepec sea considerado como otra región de seguridad por la Secretaria de Seguridad del Estado de México (SSEM), para diseñar estrategias que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, debido a la gran densidad poblacional que registra el municipio.
En el evento también estuvieron presentes el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Leonel Ulises Carrasco Villafuerte, y Karla Arroyo Martínez, defensora municipal de los Derecho Humanos, además de directores de diversas áreas del ayuntamiento y defensores de los municipios de Cuautitlán Izcalli y Coacalco, así como representantes de las comisiones de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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