Pese a la alerta de género declarada en once municipios mexiquenses hace 5 años, la mayoría de esas demarcaciones no han ejecutado adecuadamente, ni de forma completa ese mecanismo, pues prevalecen malas prácticas de opacidad, y hay deficiencias como el hecho de que las policías de género no tienen equipamiento, ni capacitación especializada.
La organización Nivel Humano y familiares de víctimas de feminicidios realizaron solicitudes de información a esos ayuntamientos, y entre los resultados obtenidos destaca que tomadores de decisiones no tienen un perfil con experiencia en la materia, ni una certificación de competencias y los municipios carecen de patrullajes preventivos en comunidades de alta incidencia con violencia de género, aún cuando deberían tener detectados y atendidos los polígonos o lugares de mayor riesgo.
Asimismo, faltan protocolos especializados y de manera general ha sido lenta la instalación de los Sistemas Municipales para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de mujeres; además varios municipios no habían realizado el diseño, ni la aprobación de Programa Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
La presidenta de la organización Nivel Humano, Rosa María Oviedo explicó lo anterior y añadió que lamentablemente el número de feminicidios en el Estado de México no ha disminuido, pues cuando se declaró la alerta de género en 2015 eran 59, para 2016 bajaron a 56, pero en el año 2017 incrementaron a 70.
Un año después, en 2018, fueron 109 y para el año 2019 llegaron a 122; mientras este 2020, hasta mayo iban 47, pero de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de junio ya suman 63.
Oviedo, al participar en la videoconferencia: Transparencia y Anticorrupción con Perspectiva de Género en el Estado de México, recalcó que el acceso a la información es una llave para acceder a otros derechos, permite conocer estudios, expedientes, los horarios y lugares más peligrosos donde se cometen más delitos, las rutas del transporte público con más asaltos; por lo cual llamó a ejercer ese derecho.
También permite saber a cuánto ascienden las compras y los gastos de los gobiernos y todas las autoridades tienen la obligación de entregar información pública con perspectiva de género.
En tanto, la secretaría técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, Claudia Valdez destacó la aprobación de la Política Anticorrupción del Estado de México y señaló que las mujeres informadas son mujeres empoderadas, pero aún existe el desafío de acceder a la información en cualquier ámbito, pues si bien es un derecho, también es una tarea a realizar y subrayó que gracias al acceso a la información la ciudadanía puede saber qué hacen sus gobiernos, si las decisiones que toman son correctas; mientras la transparencia permite visibilizar la desigualdad entre mujeres y hombres.
Destacó que no se pueden emprender acciones anticorrupción sin fortalecer la transparencia, ni la perspectiva de género y explicó que la política anticorrupción estatal incluye diseñar programas de participación ciudadana que den a conocer los procesos y espacios de colaboración que tiene la sociedad con el gobierno, a fin de transparentar el derecho ciudadano a informarse.
También contempla el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto, la intervención de testigos sociales, la rendición de cuentas, además de modelos innovadores para generar indicadores que muestran los niveles de ética pública e integridad con perspectiva de género.
Señaló que la sociedad civil academia y especialistas deben tener una participación activa y aportar estrategias para consolidar las demandas sociales orientadas a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
También señaló que la política anticorrupción busca difundir las obligaciones de transparencia, detectar trámites y servicios proclives a la corrupción, aplicar modelos transparentes para disminuir el abuso de poder y autoridad; así como actualizar los instrumentos, manuales, catálogos de puestos y reglamentos para evaluar las competencias con perspectiva de género y sentar las bases para establecer el sistema de profesionalización de los servidores públicos, basado en méritos capacidades, desempeño y la perspectiva de género.
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