El arribo a tierras mexicanas de Emilio Lozoya, tras una negociación con la Fiscalía
General de la República (FGR) basada en la gura de “criterio de oportunidad”, desató el
terror de varios personajes que en 2013 participaron en la aprobación de la reforma
energética y sus leyes secundarias.
Además de los priistas, quienes están muy preocupados por lo que viene a ‘cantar’
Lozoya, son los senadores panistas que fungieron como avales de la reforma energética.
Tan es así que ya preparan su estrategia de defensa legal ante una serie de acusaciones
de soborno que se plasman en el pliego de declaraciones armado en España por el ex
director de Pemex.
El primer paso para la defensa panista es conocer a fondo el documento de la primera
declaración, mismo que ya estuvo circulando a principios de semana entre el grupo de
exlegisladores cercanos a Felipe Calderón.
El despacho de Roberto Gil Zuarth fue el encargado de conseguir el documento que se
distribuyó entre los calderonistas y, de manera adicional, fue entregado a otros clientes o
aliados del también exsenador, incluso pertenecientes a otras fuerzas políticas.
La traición del documento vino desde la propia defensa de Lozoya; fue el empresario y
periodista Antonio Navalón, socio en México del abogado y afamado exjuez Baltasar
Garzón, quien puso en manos de Gil Zuarth el documento que dice guardar con recelo la
Fiscalía de Alejandro Gertz Manero.
Entre los aliados del grupo calderonista que recibieron en estos días la declaración se
encuentra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, involucrado en el escrito por
presuntamente pedir favores y 1.5 millones de pesos a Emilio Lozoya.
El propio Barbosa, quien fungía en 2013 como coordinador de los Senadores del PRD,
evidenció su conocimiento de los testimonios cuando, para deslindarse del tema, relató a
detalle en conferencia de prensa el suceso que se le imputa.
“En el mes de marzo, en un viaje internacional en el Reino Unido, hubo un contacto entre
Emilio Lozoya y yo, en donde Emilio Lozoya me dijo que estaba resuelto el tema de mi
hermano y estaba resuelto el otro asunto”, dijo.
Además de estos testimonios que circulan ya entre las fuerzas de oposición, desde la
FGR se ha mencionado que Lozoya entregará una serie de videos con 18 horas de
grabación en las que quedan de manifiesto los pagos que se entregaron a legisladores
para aprobar la reforma.
Podrían salir salpicados en este tema, por ejemplo, Ernesto Cordero, Javier Lozano,
Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo; todos ellos cercanos al
expresidente Calderón, incluso su propia hermana Luisa María Calderón y, por supuesto,
Roberto Gil Zuarth.
A estos nombres de exsenadores que dieron su aval a los cambios constitucionales se
suman también los de los actuales gobernadores panistas de Durango, José Rosas
Aispuro; Querétaro, Francisco Domínguez; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis;
Aguascalientes, Martín Orozco, y Tamaulipas, Francisco Javier García.
Se trata de cinco de los nueve gobernadores que integran el llamado GOAN, el mismo que
también esta semana lanzó una campaña en la que exigen más recursos para sus
estados a través de la rma de un nuevo Pacto Fiscal.
En este escenario, las aportaciones que Lozoya haga a la Fiscalía serán de gran utilidad
para el manejo político de la 4T y, por el contrario, serán una amenaza para sus rivales
políticos, quienes ya echan mano de sus aliados e inclaustrados para consolidar su
estrategia de protección.
Empresarios temen a la UIF
En el sector empresarial hay preocupación por algunos casos que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, no ha documentado bien y, pese
a ello, ha procedido a congelar sus cuentas, en detrimento de las marcas y compañías
afectadas.
Uno de estos casos tiene que ver con la denominada operación “Agave Azul”. El pasado 2
de junio, la UIF anunció que con dicho operativo -enfocado a las redes de lavado del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- se habían bloqueado cuentas bancarias
pertenecientes a mil 939 sujetos supuestamente relacionados a 167 empresas y dos
deicomisos.
Según fuentes cercanas al caso, hay empresas que efectivamente forman parte de esas
redes ilícitas; sin embargo, muchas otras compañías son lícitas y aun así han tenido que
enfrentar los congelamientos de cuentas, que les dificultan pagar nóminas a trabajadores
y a proveedores, además de que tendrán que ampararse y luego tratar de recuperar su
honorabilidad y prestigio.
Cuando se anunció la operación “Agave Azul” se justificó como una colaboración con la
DEA, “con la cual lograron definir objetivos durante el operativo, además de ubicar a un
extenso número de integrantes del cártel”.
Pero lo que hasta ahora ha trascendido –a decir de los primeros descongelamientos a
ayuntamientos de modestas poblaciones de Jalisco– es que la lista de “Agave Azul” no
parece conducir a ningún lado. En ella se incluyen empresas que el gobierno
estadounidense había colocado en la lista negra de la OFAC como empresas fachada del
CJNG; no obstante, hay muchas otras que desconocen su inclusión y algunas más que
son capitales internacionales.
La lista de la UIF incluye a empresas menores que la OFAC había colocado en las
investigaciones sobre el CJNG, como Operadora Los Famosos, un operador de
restaurantes en el occidente del país. Es el mismo caso de Operadora de Reposterías y
Restaurantes o una Operadora de Pasajes y Turismo, que se dedica al transporte terrestre
de turistas.
Pero hay otros casos como La Tranquila, un desarrollo turístico ubicado en Punta Mita,
cuyo propietario, J. Jesús Gallegos, fue asesinado el sábado 9 de marzo de 2013 siendo
secretario de Turismo de Jalisco después de una reunión con el entonces gobernador
priista Aristóteles Sandoval.
Para tratar de revertir esta imagen, Santiago Nieto se ha reunido con las cúpulas
empresariales. Ayer lo hizo con Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, a quien
le aseguró que no es su intención infundirles terror.
SOS para Hacienda
En materia de protección de los derechos laborales, resalta el caso de cientos de
trabajadores de limpieza de la Secretaría de Hacienda, quienes hicieron llegar una misiva
a Arturo Herrera para pedirle que revise el proceder de la directora General Adjunta de
Planeación, María del Socorro De Paz Fuentes.
Todo se debe a que la funcionaria se niega a pagar el servicio a Rapax S.A. de C.V.,
empresa que, de acuerdo con los afanadores, atendió el llamado de Andrés Manuel López
Obrador para mantener sus sueldos y prestaciones durante marzo, abril y mayo ante el
paro de labores por la pandemia de SARS-CoV-2. De Paz Fuentes se ha valido del decreto
presidencial del 23 de abril para justicar el impago, así como para solicitar que se diera
de baja a 100 trabajadores
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