Darío Celis
Otro foco de alarma en Pemex es en materia de seguridad industrial. Se trata curiosamente de un área que debería ser prioritaria para la 4T tras los episodios del huachicol en el arranque del nuevo gobierno.
La Subdirección de Salvaguardia Estratégica, a cargo de Pedro Almazán, está haciendo su mejor esfuerzo… pero para desarticular la infraestructura de seguridad y vulnerar operaciones sensibles.
Anote de entrada el proyecto de protección de la Terminal Marítima Dos Bocas, en Tabasco, que es una de las instalaciones críticas por su aporte en materia de producción de crudo, aceite y gas.
Su ubicación cercana a la sede de la nueva refinería, proyecto estelar de Andrés Manuel López Obrador, es una razón de más peso para que la seguridad sea prioridad en la petrolera a cargo de Octavio Romero.
Desde su llegada, el general Almazán ha emprendido acciones de franco sabotaje al funcionamiento del sistema integral de salvaguardia estratégica de la mal llamada 'empresa productiva del Estado'.
No sólo ha detenido pagos y despedido al personal clave a cargo de los distintos proyectos, sino que de plano ya está impidiendo el acceso de proveedores para acciones de mantenimiento.
Hablamos de toda la seguridad: cámaras de circuito cerrado, sensores perimetrales, radares, red de telecomunicaciones LAN de fibra óptica y sistemas de seguridad, videovigilancia y control de acceso.
Se trata, literalmente, del sistema que configura los ojos de la empresa en la operación de su terminal marítima más importante, Dos Bocas, ¡que está fuera de servicio desde el sábado pasado!
La vulnerabilidad es enorme, dado que no podrían detectarse incidentes, robos, filtraciones o acciones de sabotaje. En la torre de Marina Nacional trasciende que el general busca aprovechar esta circunstancia.
Que esta situación es generada a propósito para sustituir a los actuales proveedores de los sistemas de vigilancia por nuevas empresas preferidas por el titular de Salvaguardia Estratégica.
Los afectados son las compañías Astrum Comunicaciones, Telecomunicaciones y Servicios del Norte; SYM Servicios Integrales, y Rafael Advanced Defense Systems LTD.
Manejan contratos que deben funcionar en conjunto y sincronía para controlar accesos, desarrollar videovigilancia, operar radares y hasta poner en servicio aviones no tripulados que coordina la Secretaría de Marina.
Ahí también, en la dependencia a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán, están prendidas las alertas rojas por la falta de coordinación en los convenios de colaboración Semar-Pemex.
Pero más allá de contratos y proveedores, que detonarán más litigios y conflictos para Pemex, la cuestión central es por qué a las empresas no se les permite el acceso a la terminal marítima.
Desde hace una semana, a esos contratistas Pemex les impide el paso para dar mantenimiento a sus equipos y garantizar que el sistema funcione como está estipulado en los convenios.
En la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, de Marco Herrerías, saben de las consecuencias que tendrá cualquier incidente frente a lo que puede considerarse negligencia grave.
En la mesa hay una inversión de Pemex por más de 136 millones de dólares, de los cuales ya se ejercieron más de 75 millones en sistemas de seguridad que funcionaban hasta la llegada de Almazán.
De hecho, datos de la Secretaría de Marina y de Pemex Exploración y Producción acreditan que los eventos delictivos se redujeron en 81 por ciento desde 2018 con estos proyectos de seguridad.
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