El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene las “trayectorias dependientes” del uso de las Fuerzas Armadas para fines de seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, según la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad y su artículo “Las Fuerzas Armadas mexicanas en la Seguridad Pública: trayectorias dependientes y conflictos de poder”, publicado en la edición de enero a junio de 2020 y escrito por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y María Paula Montserrat Aguilar Romero.
La publicación científica explora las causas institucionales y políticas del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y “el cambio de doctrina militar hacia la seguridad pública en México”. Afirma que la participación no es una tendencia nueva: el uso del Ejército y las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública datan desde hace 80 años, lo cual ha desarrollado una “dependencia de camino crónica”.
Rodríguez Sánchez y Aguilar Romero identificaron una tendencia en la militarización de la seguridad pública en México gracias a la perpetuación de los cambios institucionales que permitieron este escenario. Enfatizan que además de la dependencia civil en las acciones militares para cuestiones de seguridad pública es importante considerar que las Fuerzas Armadas se han beneficiado de “recursos extraordinarios” humanos, económicos, tecnológicos, y cooperaciones internacionales desde el 2006.
Publicada de manera semestral por la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, la revista afirma que los incentivos generados por las dinámicas entre civiles y el Ejército perpetúan hoy en día una inercia que ha resultado en la creación de la Guardia Nacional por parte de López Obrador. El presupuesto para las agencias de seguridad en México es de USD 10,000 millones.
La administración actual realizó un análisis costo-beneficio para la creación de la Guardia Nacional. La ruta más rápida, más eficiente, y con menos costo, fue encomendar esta responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Éstas, el Ejército y la Marina, tenían cinco ventajas para lograr este cambio:
a) Disciplina y una doctrina militar
b) Instalaciones militares en todo el país para entrenar y ser sede de esta nueva institución
c) Movilidad para un despliegue a nivel nacional
d) Oficiales y comandantes para liderar zonas estratégicas
e) La fuerza combinada de 45,000 policías militares y oficiales de la marina
Además, el análisis de resultados a través del tiempo permiten identificar que los costos de reversión son extremadamente altos, específicamente porque el regreso inmediato de los militares a los cuarteles es imposible. De acuerdo a los académicos, tampoco existen instituciones policiacas en México con la capacidad suficiente para contrarrestar la crisis de violencia.
El escenario en el que se encuentra el país genera incertidumbre, mientras se desarrolla una “abrumadora” ola de inseguridad y niveles de violencia, pero sobre todo, según los autores, señala que existe un conflicto en la búsqueda de justicia en México debido a que “las atribuciones y los deberes han sido difuminados”.
Esto ha resultado en una “percepción peligrosa” de que las autoridades civiles son innecesarias. Por lo tanto, la lucha por el poder y los recursos del sector de seguridad pública continuarán entre las instituciones civiles y las militares. De acuerdo al artículo, “es muy temprano” para definir quiénes serán los verdaderos ganadores después de la creación de la Guardia Nacional.
La participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en actividades de seguridad nacional no es nueva: su uso continuo viene desde la administración del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012). El despliegue del Ejército y la Marina hacia la seguridad pública del país se fortaleció durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con la Ley de Seguridad Interior, y siguió con la reforma constitucional durante el comienzo de la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el gobierno de Calderón, éstas se utilizaron para comenzar una “guerra contra el narcotráfico” en México y combatir el crimen organizado. A partir de entonces, se ha intentado incluir al Ejército y a la Armada en el concepto de seguridad interna y pública: la creación durante la administración de Peña Nieto de la Gendarmería Nacional dentro de la Policía Federal, que provocó el fortalecimiento de la Policía Federal por el Ejército para las operaciones de seguridad interna, y, finalmente, la creación de la Guardia Nacional por la administración actual.
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