En 2018, el programa de pensión para adultos mayores pagó 40.1 millones de pesos a 24 mil 632 personas que ya habían fallecido.
Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega del Informe del Resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de ese año, en el que además, el órgano auditor expuso que, en el padrón de beneficiarios, se considera que son improcedentes pagos de pensiones a 24 mil 859 personas por 107.4 millones de pesos, pues esos individuos cuentan con una pensión de IMSS, ISSSTE, Pemex e ISSFAM.
Y, según las reglas de operación con las que funcionó el programa hasta 2018, era causa de baja definitiva cuando se identificaba que alguien recibía pensión por arriba de los 1 mil 92 pesos mensuales por algún otro esquema de pensiones.
En ese sentido, la ASF detectó también la poca claridad en dichas reglas de operación, pues precisamente establecían de igual forma que podrían suspenderse los apoyos por tres bimestres cuando se detectaban esos ingresos adicionales.
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