En Ecatepec, el alcalde Fernando Vilchis detectó a “piperos” que desvían el agua potable de los ductos y habitantes dicen que les cobran 20 pesos por llenar un tambo de 200 litros. En Tecámac, vecinos han denunciado que al menos 150 carros-tanque hacen varios viajes para cargar líquido de la tubería municipal.
En Reynosa, Tamaulipas, el director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jesús María Moreno, denunció en octubre del año pasado que varias colonias se quedaron sin agua por el sabotaje de delincuentes.
La razón: integrantes del crimen organizado cerraron los pozos y vendieron a la población el agua que previamente desviaron de las tomas oficiales.
Esos son algunos ejemplos de cómo las actividades ilícitas acechan a los municipios. Incluso, en el diagnóstico integral del Cutzamala –elaborado por Conagua y el Banco Mundial– se admite que “algunas áreas del territorio de las subcuencas no están exentas de acciones ilegales ligadas al crimen organizado, propiciadas por la vulnerabilidad y la fragmentación social”.
Los diferentes tipos de robo de agua y actos de corrupción han generado que en México tres de cada 10 hogares sufran de escasez o falta total del líquido.
De acuerdo con el Laboratorio de Políticas Publicas Ethos, de 2012 a 2018 Conagua detectó 2 mil 280 tomas clandestinas; sin embargo, el organismo federal admite que no hay una cifra exacta.
Al consultarlos sobre el tema, se informó que no cuentan con datos sobre el robo de agua por entidades, pues detallaron que es un conteo que cada municipio maneja.
Rodrigo Bolaños, uno de los responsables de la investigación de Ethos, señaló que la corrupción es un grave problema.
Dijo que Conagua es responsable de llevar a cabo las inspecciones en las zonas, pero sólo cuentan con 158 inspectores en todo el país para la revisión de los 516 mil 396 títulos de concesión vigentes.
Parte de la opacidad es que no existe una medición directa que refleje el número de tomas clandestinas, pero una variable que puede servir para ello, es la eficiencia física, que determina el agua que llega a los hogares. En dicha medición, Yucatán es la entidad más afectada al tener un valor mínimo de 34 por ciento, mientras que a nivel nacional se encuentra en 57 por ciento.
El coordinador de la Red del Agua de la UNAM, Jorge Arriaga, destacó que este ramal de corrupción se debe a fragmentación de roles y responsabilidades para la provisión del servicio, así como la falta de entes reguladores en el país, pues en promedio la ‘mordida’ ciudadana asciende a 200 pesos, y se destina a recibir trato preferencial, modificar el recibo de pago y hasta por obtener una o varias conexiones para contar con el líquido.
El estudio Corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento en México, elaborado por él y por el Centro Regional de Seguridad Hídrica, señala que 22 por ciento de ciudadanos admitió que recurrió al soborno para conseguir agua; además, sólo 3 de cada 10 han denuncian actos de corrupción.
Sin embargo, no sólo es un problema entre la ciudadanía; también existe colusión entre servidores públicos y contratistas para diseñar proyectos hidráulicos para dotar de agua espacios específicos.
No hay comentarios :
Publicar un comentario