La prisión preventiva dictada a Rosario Robles Berlanga será por todo el tiempo que dure el proceso y se considera proporcional e idónea para garantizar la presencia de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el juicio que se le pueda instruir por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En la resolución con la que se dictó la prisión preventiva justificada, y de la cual posee copia La Jornada, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna señaló que a Robles Berlanga la pena a imponer sería mayor a cuatro años, por lo que no alcanzaría beneficios ni sustitutivos de la pena.
La ex titular de la Sedesol y la Sedatu es la primera secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto que enfrenta una acusación penal y, en su caso, no es por un delito considerado grave, situación que fue analizada por el juzgador luego de la solicitud que le presentó el Ministerio Público Federal.
La decisión judicial se tomó la madrugada del martes pasado, cuando se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se vinculó a proceso a Robles Berlanga, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) imputa haber sido omisa para detener la firma o celebración de convenios con instituciones públicas y privadas para la contratación de obras y servicios que derivaron en un daño patrimonial por más de 5 mil millones de pesos en contra del erario federal.
El texto en el cual se dan a conocer de manera detallada los argumentos del juez para dictar la medida cautelar de prisión preventiva consta en la causa penal 314/2019, que se desahoga en el juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
En el apartado denominado considerandos, el juez Delgadillo Padierna precisa que estuvo satisfecho el requisito de procedenciapara que actuara en el desahogo de la acusación formulada en contra de la ex funcionaria.
Además, menciona que durante la diligencia se vinculó a proceso a María del Rosario Robles Berlanga por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa en la época del hecho.
Pero indicó en lo que denominó debate sobre la medida cautelar solicitada, que el agente del Ministerio Público de la Federación requirió ́como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
Durante la diligencia, la ex titular de la Sedesol y la Sedatu trató de que no se le dictara la medida de prisión preventiva, y señaló: me he presentado aquí absolutamente de manera voluntaria. Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas.
Soy una mujer de paz
La ex funcionaria aseguró: soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas, a mis espaldas. No me acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, se me quiere juzgar a través de terceros. Yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego regresar a México. Por eso le pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora, he vivido en la Ciudad de México 24 años, en Los Reyes Coyoacán.
En su resolución, Delgadillo Padierna refiere que agotado el debate entre las partes, este juzgador determinó procedente imponer a la imputada, la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En sus argumentos, el juzgador refiere tres cuestiones: se impone porque la imputada carece de arraigo en esta ciudad, si bien afirmó vivir en el mismo domicilio hace 24 años; existe un informe del Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia) donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir oficial en un domicilio diferente. Lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo.
En segundo lugar, que hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactosy, tercero, que la pena a imponer sería mayor a cuatro años, por lo que no alcanzaría beneficios ni sustitutivos de la pena.
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