El país sufre un incremento en la cifra de secuestros, los cuales durante el primer cuatrimestre de 2019 aumentaron 28% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de este año se han reportado 463 plagios.
Este delito, generalmente vinculado a víctimas de alto poder adquisitivo, en la actualidad no está haciendo distinciones de clases sociales. Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, y Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Xalapa, coinciden en que hoy, la mayor parte de los secuestros están dirigidos a las clases sociales con menos recursos económicos y afectan por igual a catedráticos, estudiantes, profesionistas, amas de casa, empresarios y comerciantes, ya sea pequeños o grandes.
Leticia Cisneros Basurto, expresidenta del Colegio de Abogados mexiquense, advierte que los grupos delincuenciales comenzaron a innovar, a crecer, a generar nuevas estrategias para allegarse de recursos, por ello las bandas dedicadas a este crimen detectaron que es más fácil salir impune si secuestran a 10 personas y cobran 100 mil pesos por cada una, que privar de su libertad a una sola víctima por la que exigían de uno a varios millones de pesos.
Además, el secuestro se convirtió en el modus vivendi de familias completas y se trasmite de generación en generación, como señala Gabriela Lucila Estrada, perfiladora criminóloga de la dirección general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, quien afirma que “los papás ya no enseñan a sus hijos a estudiar o a trabajar, los enseñan a secuestrar. Las madres, esposas e hijas participan cuidando y alimentando a las víctimas, de tal manera que 70% de las mujeres en el módulo del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, están ahí por este delito y aunque difícilmente participaron en la planeación, en la elección de la víctima o en el secuestro per se, enfrentan sentencias altísimas de 50, 70 y hasta 90 años”.
Datos oficiales señalan que el problema es mayor en los estados de Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Morelos, en donde la incidencia denunciada de este delito aumentó más de 150% en el primer cuatrimestre de 2019 respecto al de 2018. Pese a esto, el Observatorio Nacional Ciudadano acusó que la Federación realizó recortes presupuestales de 33% a la Coordinación Nacional Antisecuestros, de 30% en el tema de apoyo a los estados en materia de seguridad y justicia, y 17% para procuración de justicia, además de que se desmanteló la Unidad Antisecuestro de Policía Federal, que era un factor clave en el combate a este delito.
"Esto ha venido a endurecer un contexto complicado y los estados han dejado de hacer su trabajo. Se ha debilitado la estructura que tanto nos ha costado a los mexicanos crear", explicó el presidente del organismo, Francisco Rivas.
En la Ciudad de México, los recientes secuestros de jóvenes universitarios como Norberto Ronquillo y Leonardo Avedaño Chávez, aunados a que los primeros meses del año estuvieron marcados por denuncias de mujeres que eran forzadas por hombres a seguirlos en las inmediaciones o al interior de estaciones del Metro como Mixcoac, Centro Médico, Chabacano, Coyoacán, Polanco o Barranca del Muerto, han creado un ambiente de sicósis en la población.
Y no es para menos, ya que el aumento de denuncias de este delito es el más alto en 10 años después del incremento de 58% en 2009. Y aunque este año es superado por 2011, 2013 y 2014 en plagios en denunciados en un primer cuatrimestre (466, 544 y 553 respectivamente), la percepción de inseguridad remite a 1997, cuando bandas como las de El Mochaorejas, Los Rojos, La Flor y Los Petriciolet aterrorizaban a la ciudadanía con secuestros de alto perfil como los de Laura Zapata y Ernestina Sodi, Fernando Martí, Silvia Vargas Escalera o el empresario Leobardo Pineda.
En su reporte de 2014 "Análisis Integral del Secuestro en México", el Observatorio Nacional Ciudadano recuerda que el secuestro es utilizado por redes del crimen organizado para la obtención de altos ingresos con relativo poco riesgo, a diferencia del narcotráfico, el cobro de piso o el robo de recursos naturales.
Con la pulverización de los grandes grupos criminales al ser capturados o abatidos sus líderes durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, células más pequeñas realizan secuestros como fuente de financiamiento.
La clandestinidad en que se realizan muchas negociaciones de secuestro, así como una desconfianza sistémica en las instituciones, hacen difícil contabilizar de manera precisa este delito, del cual estima el INEGI que 94% de los casos no se denuncian.
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