Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Un socio de la empresa Balam, que le vendió a la PGR el malware espía, fue uno de los cinco casos de perdón fiscal en el gobierno de Peña Nieto.
Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, socio de Balam, una de las empresas relacionadas con la venta del programa espía Pegasus a la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), fue acusado de defraudación fiscal en 2014 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero dos años después la misma dependencia lo perdonó.
El 23 de octubre de 2014 la SHCP presentó una querella porque Ruiz de Teresa consignó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ingresos menores a los realmente obtenidos en el ejercicio fiscal 2011, y provocó con ello un daño al erario de 1 millón 35 mil 555 pesos.
En los documentos entregados a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tras solicitudes de información hechas a la SHCP y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quedó evidenciado que el empresario de 36 años fue uno de los cinco casos en los que Hacienda solicitó el sobreseimiento (un desistimiento de la acción penal) ante el Poder Judicial.
El entonces subprocurador fiscal, José Ulises Gómez Nolasco, envió al juzgado un oficio para solicitar el sobreseimiento. En el documento puede leerse que Ruiz de Teresa se comprometió a repartir volantes en restaurantes y bares para concientizar a los jóvenes de que paguen sus impuestos.
Justamente entre 213 y 2015, cuando Hacienda perdonó ese adeudo, algunas revistas del corazón y de espectáculos ubican a Ruiz de Teresa como uno de los dueños de la franquicia de restaurantes El Costeñito. En el sitio web de esta cadena, se anuncian con sucursales en 14 estados incluyendo la ciudad de México.
El malware espía Pegasus fue comprado por la desaparecida PGR en 32 millones de dólares al Grupo Tech Bull. El contrato lo firmaron Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, y Luis Armando Pérez Herrero como apoderado legal de la compañía, como lo reveló MCCI el 28 de julio del 2017.
Según documentos del Registro Público de la Propiedad, Pérez Herrero vivió en el pueblo de Santa Lucía, municipio de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Esa dirección corresponde a comercios y viviendas en las que se rentan habitaciones. Los vecinos no conocían al representante la empresa. Los dueños legales, Carlos Cayetano Miguel, 27 años de edad, contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Jorge de Jesús Sánchez, 30 años de edad, técnico en informática por el Conalep no tenían antecedentes en la iniciativa privada, ni experiencia en seguridad nacional. Los tres residían en asentamientos irregulares.
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