recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Documentos detallan que el desvío investigado por la Policía
Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la
Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR), involucra a Raúl
González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director General de
Administración de GACM, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez
Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director General del GACM.
La autenticidad del documento fue vericada con la encargada de la investigación, cuyo nombre se
resguarda por razones de seguridad, en la propia Policía Federal. Además, la ocial a cargo de la
indagatoria envió copia del informe al entonces Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato
Sales,recibió y ordenó dar vista a la PGR.
El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza
resultaron beneciadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes
de carga, y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su
ingreso al terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un
porcentaje.
“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen
estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores
condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y nanciamiento”.
“Se establece, de la investigación de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM, la presunción de
que deliberadamente no se contrató la operación del tren de Ferromex que está en la parte trasera
del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material
que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas, como lo informó
personal del sindicato, ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo
del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.
“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de
50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas
cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la supercie”.
De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), la compra de material de construcción se calculó para una supercie
total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724
millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.
Además, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó que en nivelación, limpieza del
terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos por 3 mil 603
millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y la colocación
de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.
De acuerdo con la PF, de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y
sindicatos que se podría tipicar como delincuencia organizada con el n de crear un monopolio de
transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus
camiones”.
De las irregularidades observadas por la Policía Federal, la investigación incluyó una revisión en las
declaraciones patrimoniales de ex funcionarios de GACM en las que detectaron omisiones y
adquisiciones que no coinciden con la realidad. Se señala que Apaolaza incurrió en conicto de
interés al no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la
Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), cuyo líder es Máximo Telmo
Reyes Vilchis, al igual que Humberto Pérez Piedra, coordinador de GACM, quien sostuvo diferentes
reuniones con Hugo Bello Valenzo, líder del Sindicato Libertad.
Dichas organizaciones, según el documento, son las que controlaban la venta de material de
construcción y su transporte al interior del terreno en el que se construiría el NAIM.
Consultado por EL UNIVERSAL, González Apaolaza indicó que tiene conocimiento de la existencia de
un documento de la Policía Federal supuestamente apócrifo, porque el folio no corresponde a la
investigación: “Lamentablemente esto fue por el 30 de noviembre, hubo el cambio de funcionarios el
día primero y se quedó al aire todo”, comento
El último clavo en el ataúd del proyecto Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional de México lo colocaron,
paradójicamente, los inversionistas extranjeros que habían apostado a su nanciamiento, al aceptar las condiciones de recompra o amortización de los papeles emitidos, aunque falta aún el sí de los adquiridos por nacionales vía
“Yo platiqué con [Gerardo] Ferrando Bravo y él me dijo que lo enviaría al Órgano Interno de Control la
primera semana de noviembre. Expliqué con documentos cómo se maneja lo del transporte, el
responsable del sindicato por parte de grupo aeroportuario, quién es el titular del sindicato y que yo
no tengo el manejo de [éste]”. Explicó que el responsable del manejo sindical es la Dirección
Corporativa Jurídica y no él, negó pertenecer al SITRAM.
“Yo creo que hay una confusión porque en años anteriores pertenecí a otro sindicato, pero me di de
baja cuando me dieron mi nombramiento en Grupo Aeroportuario, pero no tiene ninguna relación con
el SITRAM; son totalmente ajenos”, armó. Sobre la relación con Reyes Vilchis, dijo que lo conoce
porque hace 50 años jugaron futbol americano en el Instituto Politécnico Nacional.
Debido a que Carlos Noriega Romero fue director General de Administración del GACM, relevado por
haber rentado ocinas en Altavista y Periférico Sur por medio millón de pesos al mes, la Policía
Federal revisó sus declaraciones patrimoniales en las que detectó que adquirió a crédito una
propiedad de 4 millones 920 mil pesos. Dicha compra, según el documento, fue realizada cuando
Noriega Romero era subdirector General de Planeación del Infonavit, por lo que concluye que sus
nanzas y las de González Apaolaza deben ser auditadas.
Derivado de la investigación, el nombre del ex director de GACM, Manuel Ángel Núñez Soto, surgió
sin que se le vinculara directamente con las irregularidades atribuidas principalmente a González
Apaolaza y los sindicatos. A Núñez Soto no le correspondió conocer de la construcción del NAIM,
pero la PF detectó que no declaró ser propietario de Desarrolladora Corteq, S. A. de C. V. y
Almahandm Desarrolladora de Vivienda, empresas que aparecen como parte del Corporativo Grupo
Lomax, del empresario Alberto Manuel Díaz de la Riva, consorcio que, según la investigación de la
Policía Federal, no existe. Consultado por este diario, Núñez Soto negó conocer la empresa Corteq o
participar en ella, pero admitió su participación en Almahandm, a través de la cual, dijo, se han
construido casas de interés social en complejos del estado de Hidalgo.
La Policía Federal señaló que Núñez Soto adquirió en 2005 un inmueble ubicado en la colonia San
Ángel Inn, en la Ciudad de México, por el que pagó de contado 9 mil 750 millones de pesos con una
supercie de mil 100 metros cuadrados, “que no coincide con la realidad ni con su precio en esa
zona”. Por esta razón, la Policía Federal concluyó que los bienes de Núñez Soto deben ser auditados.
Núñez Soto precisó que el predio al que se reere la Policía Federal se trata de su domicilio particular,
mismo que tuvo un costo de 9 millones 750 mil pesos, y no 9 mil millones. “No sé de dónde salió ese
dato”, precisó.
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