Raquel Buenrostro, titular de la Oficialía Mayor de la SHCP, estará al frente del nuevo proceso de contratación pública definido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
La funcionaria es una colaboradora cercana del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, desde su paso por la Secretaría de Finanzas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
Personal de la SHCP confirmó a El Sol de México que ya se tienen avances en el mecanismo de adquisiciones y contrataciones anunciado en julio pasado.
Buenrostro, quien fuera titular de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino, recibirá las solicitudes de compras y contrataciones públicas a través de los titulares de Administración y Finanzas de cada dependencia.
Esto implica la desaparición de la figura de Oficial Mayor en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, explicó la dependencia.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Los directores de Administración y Finanzas reportarán las compras y contrataciones que desean hacer directamente a la oficial mayor de la SHCP mediante una plataforma en la que estarán conectados.
De acuerdo con la nueva administración, este nuevo esquema busca evitar la corrupción en la compra de bienes vía licitaciones, y generar ahorros de entre 225 mil y 500 mil millones de pesos, recursos que serán utilizados para financiar programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Datos de CompraNet indican que sólo el año pasado se firmaron 185 mil 500 contratos públicos con un valor superior a 459 mil millones de pesos.
Para este año, la plataforma Compra- Net de la Secretaría de la Función Pública (SFP) reporta ya 443 contratos por un monto de 677.3 millones de pesos.
La Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro de las Contrataciones Públicas, elaborada hace unos meses por la Comisión Federal de Competencia (Cofece), advierte que casi ocho de cada 10 contratos se dan por adjudicación directa.
Desde que se conoció el plan del nuevo gobierno, Alejandra Palacios, comisionada presidenta del órgano antimonopolios, alzó la mano para supervisar las megracompras del gobierno, es decir, aquellas por más de mil millones de pesos.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, señaló en un análisis que el nuevo mecanismo fragmenta las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al otorgar a la SHCP la facultad de regulación y supervisión no sólo de las compras públicas, sino también de la contratación de los recursos humanos, la gestión de recursos materiales e informáticos, gestión presupuestal y archivos.
Este esquema, agregó Jaime, debilita las acciones para prevenir la corrupción por parte de la SFP y fractura los mecanismos de combate a la corrupción, tema central que quiere combatir el gobierno.
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