El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) pidió al Estado mexicano garantizar y proteger a un grupo de seis indígenas náhuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, que se encuentran en prisión con acusaciones falsas y dolosas desde, hace 15 años en territorio mexiquense, al defender su territorio y agua.
El presidente del CDHZL, José Antonio Lara Duque, solicitó particularmente a los tres Poderes de la entidad mexiquense, que gobierna Alfredo del Mazo Maza, par que garanticen la protección de los seis indígenas luego que se descarta que los inculpados hayan estado en el lugar de los hechos donde una persona perdió la vida.
“El gobierno del estado de México, través de sus tres Poderes —Legislativo, Ejecutivo y sobretodo el Judicial— tienen el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya que con relación a la protección de personas indígenas el gobierno mexicano tiene una deuda histórica con este sector de la población”, expresó.
El abogado interpuso este lunes un recurso de apelación a la sentencia en contra de los defensores de la tierra y el agua Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, por defender su derecho a la justicia y el derecho humano al agua.
“La apelación de los presos políticos de San Pedro Tlanixco busca hacer realidad el control de convencionalidad al que está obligado el Estado mexicano para armonizar el derecho interno con los tratado internacionales que protegen derechos de pueblos y personas indígenas”, explicó.
Lara Duque recordó que los habitantes de esta pueblo han sufrido la represión de las autoridades del gobierno mexiquense y que, desde hace 15 años, mantiene en prisión a los seis indígenas por defender el vital líquido en esa región del país.
Hizo ver que durante décadas, los recursos naturales de San Pedro Tlanixco son utilizados para la industria, situación que ha provocado que los habitantes de esa comunidad se hayan organizado para asignar el vital líquido para fines personales y domésticos, como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.
Con este razonamiento, detalló, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En 2002 se agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.
Cabe destacar que el afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país, desde entonces, los náhuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los acreditan para poder explotar sus aguas.
Recordó que 1 de abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares, financiados por el presidente de los floricultores –de origen español– que argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando daños a sus productos. Al repeler la agresión resultaron lesionados varias personas y el empresario resultó muerto.
Después de estos hechos, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares, iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden judicial–, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres, para finalmente llevarse presos a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes no participaron en el enfrentamiento.
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