Directorio

Directorio

miércoles, 17 de enero de 2018

Reforma policial

La precariedad de nuestras policías es una realidad incontrovertible. Tenemos pocas y muy malas. El esfuerzo por crear una Policía Federal se detuvo en esta administración, mientras que el proyecto de la Gendarmería nunca tuvo pies ni cabeza.


Hoy tenemos prácticamente los mismos policías federales que hace cinco años. A nivel estatal y municipal, las políticas y las resultados son dispares: algunos han logrado avanzar en la generación de capacidades propias; en algunos casos, como en Nuevo León, las alternancias de gobierno han tirado por la borda los avances registrados; en la gran mayoría, gobernadores y alcaldes se han tirado a la hamaca a esperar que la federación se haga cargo o a que las Fuerzas Armadas los sustituyan en sus responsabilidades. Y es que los incentivos a formar policías confiables son débiles. Las sanciones a la negligencia o a la omisión son inexistentes.

No hay más aliciente que los subsidios federales y otra represalia que la exhibición pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia meramente consensual que simplemente no puede vencer la ausencia de voluntad política.

Recientemente, el Secretariado Ejecutivo del SNSP diagnosticó la problemática de las policías preventivas estatales y de la Ciudad de México. Hacia octubre de 2017, el país contaba con 128 mil 922 elementos operativos en activo en las corporaciones estatales; es decir, 1.1 policías por cada mil habitantes. De este universo, 1.2 por ciento no ha sido evaluado, 6.9 por ciento reprobó el examen de control de confianza, 2.1 por ciento espera sus resultados y 11.2 por ciento aprobaron una evaluación no vigente, de modo que el estado de fuerza real evaluado desciende a una tasa de 0.8 policías por cada mil habitantes (el Secretariado Ejecutivo sostiene que el estándar mínimo debería ser de 1.8 policías por cada mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 2.8). Pocas policías, pues.

Pero el problema se agudiza en cuanto a la certificación, profesionalización y desarrollo policial: 21.2 por ciento de los policías se encuentra sin evaluación aprobatoria vigente de control de confianza; 24 por ciento no tiene formación inicial o equivalente; 56.8 por ciento no ha superado la evaluación de las competencias policiales; 61.9 por ciento no cuenta con evaluación aprobatoria de desempeño; de las 39 academias en el país, sólo seis cumplen con los 12 rubros de equipamiento e infraestructura previstos en el Programa Rector de Profesionalización; 13 entidades pagan salarios por debajo del promedio nacional de referencia (nueve mil 933 pesos netos mensuales) y ninguna otorga las seis prestaciones básicas al 100 por ciento de sus elementos. Policías poco preparados y muy mal recompensados.

En algún momento se pensó que esta realidad se resolvería concentrando el mando operativo a nivel estatal y la discusión se abordó desde un menú cerrado de tres opciones: retirar al municipio de la función de seguridad pública; depositar el mando de todas las corporaciones de policía en un funcionario estatal; o bien, a través de procesos de certificación de corporaciones policiacas, de tal suerte que sólo tenga policía aquel orden de gobierno que puede asumir a plenitud sus responsabilidades (malamente conocida como Mando Mixto). Cualquiera de estas opciones alteraba sensiblemente la distribución de poder en nuestro arreglo federal, lo que explica las tensiones y resistencia que finalmente hicieron encallar una posible reforma al sistema. Entregar el poder de policía a un orden mayor no es poca cosa, más aun en contextos de una latente pluralidad política.

Para hacer viable el objetivo de impulsar la generación de capacidades de policía a nivel local, se debe replantear la forma de aproximación al problema. Una reforma más modesta en cuanto a sus alcances, tal y como ha sugerido ya Alejandro Hope. El modelo a seguir es la reforma educativa: centralizar en un servicio profesional nacional los procesos de reclutamiento, ingreso, promoción, reconocimiento, evaluación, disciplina y permanencia, así como la determinación y gestión del salario y prestaciones de todos los policías del país. Una cantera nacional de policías 'portables' que genere economías de escala, articulada en un sistema único de seguridad social, procesos objetivos de adscripción según la naturaleza e intensidad de la demanda, y bajo el mando de la autoridad local competente.

Generar policías debe ser un esfuerzo nacional uniforme y de largo plazo. No basta con acentuar la coordinación. Debemos romper, de tajo, la inercia del desarrollo policial a distintas velocidades.

No hay comentarios. :

Publicar un comentario