Algunos de los agraviados, incluso, perdieron globos oculares por contagios intrahospitalarios
La falta de juzgados especializados en Derecho Sanitario y exceso en el número de expedientes han retrasado la justicia
La Fundación “No Más Negligencias Médicas” solicitó la mediación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para atender en la Ciudad de México a poco más de medio centenar de indígenas, todos ellos adultos mayores, que perdieron la vista luego de una mala praxis médica realizada por una clínica particular contratada por la Fundación Cinépolis y que a más de dos años sufren el olvido de las autoridades de salud de esa entidad, como la empresa operadora de salas de cine.
En conferencia de prensa, el presidente nacional de la Fundación “No Más Negligencias Médicas”, Fernando Avilez Tostado, recordó que en 2015 la Fundación Cinépolis, a través de su programa “Del Amor nace la Vista” –que busca devolver la vista a los sectores más vulnerables de la sociedad que padecen ceguera por catarata— contrató en el estado de Quintana Roo los servicios de la clínica denominada “Instituto de Salud Visual (ISVI)” para realizar operaciones oftalmológicas.
Después de las cirugías practicadas en dicha clínica, los pacientes –todos ellos adultos mayores, en situación de marginación y vulnerabilidad— padecieron graves infecciones intraoculares, provocadas por una mala asepsia en quirófanos e instrumental médico, lo que derivó, en algunos de los pacientes, la pérdida de los globos oculares, otros más ceguera, además de graves consecuencias en su salud y su economía, pues dejaron de laborar y algunos otros perdieron sus precarios empleos.
A partir de esa fecha, mencionó el ombudsman de la salud, se iniciaron una serie de demandas legales contra la Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud Estatal y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo, pues era responsabilidad y obligación de estas instancias gubernamentales y la propia Fundación Cenépolis verificar que el Instituto de Salud Visual (ISVI) contará con la certificación, capacidad técnica y profesional para llevar dichas cirugías.
Al constatarse las violaciones a la Ley de Salud de la entidad y federales, en diciembre de ese año (2015) la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) instruyó a la dirección de regulación sanitaria de la Secretaría de Salud quintanarroense a suspender en su totalidad las actividades realizadas a esta clínica y brindar atención médica a los afectados.
De igual manera, el personal de Cofepris supervisó la aplicación de la medida preventiva y colocó sellos federales de suspensión, además de investigar los hechos para deslindar responsabilidades por las presuntas malas prácticas en las cirugías de cataratas. Asimismo, la Cofepris impondría una multa, que podría ser superior a un millón de pesos, a dicho establecimiento.
A dos años de estos lamentables hechos, los afectados (todos ellos indígenas mayas) sufren el olvido de la Fundación Cinépolis y de las autoridades de Quintana Roo, pues su salud se ha ido deteriorando progresivamente, incluso, con graves afectaciones psicológicas, que ponen en riesgo sus vidas. Muchos de ellos que tenían actividad comercial, dedicados al tejido de hamacas, han dejado de obtener recursos para sobrevivir, colocándolos en una situación de pobreza extrema.
“Desde aquí, la Fundación “No Más Negligencias Médicas” hace un respetuoso llamado al director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magana, así como al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para que sean atendidos los afectados, ya que muchas de las víctimas requieren urgentemente atención médica para resarcir el daño a su salud y ayuda patrimonial, pues, una justicia tardía no es justicia”, convocó.
Avilez Tostado recordó que existe una demanda legal en tribunales administrativos de Quintana Roo pero la saturación de expedientes y la falta de administradores de justicia especializados en Derecho Sanitario han frenado la justa reparación del daño, en detrimento de los agraviados.
“Estos hombres y mujeres podrían perder la vida antes de que obtengan justicia e indemnización”, lamentó Avilez Tostado.
Las solicitudes fueron entregadas a los diputados Fernando Zárate Salgado, Adrián Rubalcava Suárez, Juan Gabriel Corchado Acevedo, Elizabeth Mateos Hernández y Luciano Jimeno Huanosta.
Presidente en funciones y electo de la mesa directiva; presidente de las comisiones de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes; Atención a Grupos Vulnerables; Derechos Humanos; respectivamente.
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